El Gobierno nacional formalizó el retiro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la verificación de balanzas, surtidores de combustible, alcoholímetros y radares de velocidad, y delegó esas tareas en laboratorios y certificadoras privadas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, avanza con el corrimiento del Estado de funciones históricas de control bajo el argumento de eliminar “superposiciones” y agilizar trámites. Las mediciones, que afectan directamente a consumidores y usuarios, quedarán a partir de ahora en manos del mercado, con riesgo de conflicto de intereses y una mayor fragmentación del control público.
Bajo el argumento de una "verdadera desburocratización y simplificación" para eliminar supuestos obstáculos al comercio y demoras administrativas, la Resolución 213/2025 dispone el cese de las funciones operativas del INTI en el control de instrumentos clave para la confianza pública y la seguridad. Esta medida implica que el Estado deja de ser el garante directo de la precisión en mediciones que afectan derechos básicos: como el pesaje de productos, la carga en surtidores, el funcionamiento de radares de velocidad (cinemómetros) o termómetros clínicos.
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De esta manera, el gobierno libertario delegó esas tareas en laboratorios y organismos privados acreditados, mientras que el INTI se retira de la fiscalización territorial para limitarse a un rol de "articulador" y generador de "procedimientos técnicos de referencia". Este corrimiento del Estado se formaliza incluso con la orden de realizar un "inventario y reubicación del equipamiento técnico" que anteriormente se utilizaba para estas funciones de control, lo que marca un punto de inflexión en la soberanía técnica nacional.
El Estado se corre de controles sensibles: qué instrumentos deja de certificar el INTI
La resolución oficial detalla en sus anexos una extensa lista de instrumentos de medición esenciales que el INTI dejará de ensayar y certificar directamente, lo que tendrá consecuencias directas en los procesos de aprobación de modelos, verificación primitiva y periódica. Entre los controles más sensibles que se retiran de la órbita operativa estatal se encuentran los surtidores de combustibles (nafta, kerosene y gas oil), las balanzas comerciales (instrumentos de pesar no automáticos) y los taxímetros, herramientas que garantizan la equidad en las transacciones diarias de los ciudadanos.
El Estado cesará, en tanto, su intervención directa en la validación de cinemómetros (radares de velocidad), etilómetros (alcoholímetros) y sistemas de pesaje de vehículos en movimiento o por ejes, todos ellos críticos para la seguridad vial y la fiscalización pública. La medida alcanza incluso áreas de salud y servicios básicos, al incluir en el cese de funciones a los termómetros clínicos (tanto de vidrio como electrónicos) y a los medidores de agua potable y energía eléctrica, cuya precisión quedará ahora bajo la responsabilidad de laboratorios y organismos privados.
El riesgo de un posible conflicto de intereses
Más allá de los aspectos técnicos, la resolución plantea un problema de fondo en términos de posibles conflictos de interés. Al disponer que el INTI cese la prestación directa de servicios metrológicos legales, el Gobierno redefine el rol del Estado, que deja de ejercer el control operativo y pasa a concentrarse en la habilitación y supervisión de actores privados que se integran al Servicio Nacional de Aplicación.
En este esquema, los mismos laboratorios y organismos de certificación que cobran por sus servicios a empresas serán los encargados de validar instrumentos de medición que impactan en consumidores y en la fiscalización pública, lo que traslada el control a un plano indirecto y más difícil de auditar. Aunque el sistema se apoya en la acreditación del Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y en la autoridad de la Secretaría de Industria y Comercio, la lógica de la competencia entre certificadores introduce un interrogante central: qué incentivos reales existen para aplicar criterios estrictos cuando los clientes pueden optar por otro prestador. El corrimiento del INTI de estas funciones aparece así como un caso testigo de un modelo que prioriza la habilitación del mercado, con el riesgo de una autorregulación de hecho en áreas históricamente sensibles como la metrología legal.
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