Dos jueces designados a dedo por Mauricio Macri dejaron esta semana nuevos capítulos del libro del Poder Judicial que narra todo lo que se puede hacer al margen de la ley pero sin costo: gratis. La Corte Suprema, por su parte, sigue en modo Lamolina. Su presidente Horacio Rosatti, futbolero y escritor de varios tomos de la historia de Boca, seguro entiende la metáfora.
El juez Pablo Bertuzzi revocó el sobreseimiento de Julia Mengolini en una de las denuncias que le hizo el presidente Javier Milei. La decisión llega justo después de que el gobierno reconozca que quiere eliminar el Estatuto del Periodista, uno de los puntos de su proyecto de Regresión Laboral. Y de la mano de un juez que fue designado a dedo en el cargo por Macri.
La situación de Mengolini es el paradigma de la violencia que ejerce Milei utilizando todas las herramientas del Estado al que dice aborrecer. Mengolini reúne tres condiciones: es periodista, es mujer feminista y es dueña de un medio no alineado con el discurso oficial. Y no es difícil encontrar un juez en Comodoro Py que desee congraciarse con la crueldad oficial libertaria cuyo objetivo es el silencio y el miedo del que piensa distinto y, sobretodo, cuyo trabajo como periodista y dueña de medio revela que lo que odia Milei es la información que desmonta la maniobra constante por la cuál cree que sus opiniones se transforman en hechos.
El caso comenzó porque Mengolini mencionó la estrecha relación de Milei con su hermana y sus perros. Milei la denunció por calumnias e injurias, delito por el cuál los periodistas están exentos cuando se trata de casos de interés público, como ser la figura presidencial.
La Argentina ya tuvo dos sanciones del sistema interamericano de derechos humanos por no proteger la libertad de expresión, los casos Fontevecchia y Kimel. En el caso Fontevecchia también se trataba de cuestiones íntimas de la familia presidencial, en ese caso de Menem. En su fallo el juez Bertuzzi dice que leyó esos casos y los tratados internacionales que la Argentina firmó pero elige no tomarlos en cuenta y seguir la tradición de un Poder Judicial que atenta contra la libertad de expresión.
Bertuzzi escribió: “Fácil es advertir que tales manifestaciones distan de formar parte de asuntos de interés público relativos a la función presidencial. No se discute lo valiosos que resultan los debates de este tipo, en los cuales se propone un amplio escrutinio de las aptitudes de los candidatos desde distintas facetas, pero no puede admitirse que sobre la base de esa premisa se ingrese en un ámbito de suma intimidad –aquel vinculado con la sexualidad/ genitalidad de las relaciones privadas del sujeto de que se trate- so pretexto de incentivar la discusión colectiva en pos del fortalecimiento del sistema democrático. Por todo lo dicho, considero que las expresiones vertidas por la demandada lucen desconectadas de un ‘asunto de interés público’, requisito exigido ineludiblemente para descartar la relevancia jurídico-penal del comportamiento adjudicado”.
O sea, un juez designado a dedo como pieza clave para validar la persecución judicial por fuera del Estado de Derecho pretende imponer qué se puede decir y qué no. Habrá que pensar si se puede repetir que usurpa un cargo donde lo puso Macri a dedo, lo mantuvo Alberto Fernández y lo convalidó la Corte Suprema hasta que se terminara el concurso para ocuparlo legalmente, concurso al cuál Bertuzzi se presentó y le fue tan mal que lo dejaron congelado para que siga cómodo en ese sillón. ¿Escribir esto fortalece o no el sistema democrático?. Todo gratis, sin costo.
Con esta maniobra Milei logra mantener abierta esta denuncia contra Mengolini. Lo mismo pasa con la denuncia penal que hizo contra este periodista. El caso fue desestimado por el juez Daniel Rafecas, Milei apeló la decisión y el camarista Leopoldo Bruglia tuvo un rapto de legalismo y mandó a que se haga una audiencia entre las partes que el juez de primera instancia había obviado ya que el delito no existe. Milei ya pidió 4 veces la postergación de ese encuentro, muy esperado, por otro lado, por este cronista ya que si el presidente se presenta aprovechará para intentar hacerlo debutar en contestar preguntas periodísticas. Al posponer la audiencia Milei también logra mantener el expediente sin resolución. Tanto Bruglia como Bertuzzi fueron designados a dedo y sin concurso por Macri y mantenidos en sus cargos por la Corte Suprema y la inacción de Alberto Fernández, que podría haberlos removido por decreto. Siguen en sus despachos y empujan la persecución judicial a periodistas.
A Carlos Pagni y a Viviana Canosa, también denunciados por Milei, la cofradía de Comodoro Py eligió cuidarlos rápido. El caso de Pagni ya fue desestimado en todas las instancias, el de Canosa esta misma semana el camarista Mariano Llorens confirmó su sobreseimiento. Se ve que con los que trabajamos de periodistas la cosa funciona distinto.
El huemul
El viernes el ministerio de Justicia publicó en el Boletín Oficial la pretensión de Carlos Mahiques de continuar en el cargo de juez de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, una vez que cumpla los 75 años, lo que sucederá el 1 de noviembre de 2026.
Mahiques nunca concursó para ese cargo. Era juez de la Cámara Nacional (no Federal) de Casación cuando María Eugenia Vidal lo convocó para sumarse a su gobierno en la provincia de Buenos Aires como ministro de Justicia. Duró 6 meses en ese cargo, pero cuando volvió a los tribunales pegó el salto a la Cámara Federal de Casación, un lugar mucho más importante ya que revisa las causas penales de todo el país. Recaló allí gracias a Mauricio Macri, como parte de la estrategia del fundador del PRO de asegurarse la retaguardia judicial con el copamiento de las máximas instancias revisorias.
La relación Mahiques-Macri era profunda. Juan Bautista Mahiques, hijo del juez, fue el número 3 del ministerio de Justicia de Macri. Su tarea era organizar la persecución judicial desatada por Macri para silenciar opositores y distraer la atención de su desfalco económico con causas inventadas. Ignacio Mahiques, otro hijo, fue fiscal de la causa Vialidad, el expediente que culminó con la condena a CFK.
El pater familia de los Mahiques y su hijo Juan Bautista son dos de los que viajaron a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. Luego intentaron fraguar las constancias del viaje y diseñaron una estrategia para revertir su situación judicial ante la publicación de ese escándalo: traer la causa a Comodoro Py, alegar que fueron espiados y así zafar. Y así ocurrió. Los huemules, como se autodefinían los viajeros, quedaron impunes. Todo gratis.
Que “Coco” Mahiques, como se conoce al juez, pida quedarse 5 años más en el cargo para el que fue designado a dedo indica que tiene cierto acuerdo con el gobierno de Javier Milei, ya que si algo pasó en estos dos años es que hubo una catarata de renuncias de jueces y fiscales que no fueron reemplazados.
Una de las últimas tropelías de Mahiques fue una operación mediática donde instaló, gracias a la complicidad de varias empresas de medios, que la Justicia argentina había determinado la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA. El propio presidente Milei dio por válida la gacetilla que hizo circular Mahiques y publicó que el fallo "puso fin a décadas de postergación y encubrimiento en el caso AMIA, determinando que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron perpetrados por Hezbollah, bajo el auspicio de organizaciones estatales de la República Islámica de Irán" y que "pone de manifiesto los reiterados intentos del kirchnerismo por encubrir la responsabilidad de Irán y postergas este fallo histórico, traicionando a la Patria en el año 2013 con la firma del denominado 'Memorándum de Entendimiento', pacto que promovía y garantizaba la impunidad terrorista".
Pero no había pasado eso. Tal como detalló El Destape, lo que pasó es que Mahiques intervino en una causa sobre el desvío de la investigación del atentado, no en el expediente donde se investiga el atentado que, vale aclarar, sigue sin resolver. Lo que hicieron fue que revisar las condenas por desviar la investigación del atentado a la AMIA contra el ex juez Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, los ex fiscales Eamon Mullen y Juan José Barbaccia, Carlos Telleldín y el espía Patricio Finnen, entre otros, resueltas en un juicio oral que terminó en 2019. Y finalmente las condenas fueron reducidas y los jueces Mahiques y Diego Barroetaveña agregaron un capítulo más al encubrimiento al absolver a todos en la parte correspondiente a la Pista Siria. Fue un fallo histórico, como acompañó el sistema de medios corporativo, pero por otros motivos.
Vale la pena recordar el episodio porque la continuidad de Mahiques en el cargo dependerá entre otros factores del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que además de haber hecho su fortuna como abogado de narcos, violadores y genocidas conoce los calabozos del lado de adentro porque se robó una prueba justamente de la causa AMIA. Todo gratis, sin costo.
Grilletes
La Corte Lamolina, árbitro famoso por su "siga siga" mientras los jugadores violaban el reglamento a patadas, ratificó que CFK tenga que utilizar la tobillera electrónica durante su prisión domiciliaria.
La ley 24.660, que regula la ejecución de las penas, establece que "al implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe favorable de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución". Para justificar que CFK tenga la tobillera electrónica la Corte escribió que "tiende a coadyuvar al control judicial sobre la restricción ambulatoria".
CFK no tiene chance de fugarse. Tiene custodia 7x24, su cara es archiconocida y cualquier movimiento en su domicilio tiene repercusión de forma automática. La obligación del uso de la tobillera solo se explica por el uso del Código Penal y la Constitución para elevar las pantallas de las computadoras donde los jueces tienen temor de leer sus nombres en los medios.
Las condiciones de detención y visitas a CFK no rigen siquiera para los condenados por delitos de lesa humanidad. El caso más resonante fue el del genocida Jorge Olivera, que hizo una fiesta de cumpleaños con Palito Ortega como show principal y lo único que le impusieron es que no hiciera más fiestas.
El fallo lo firman Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Al igual que Bertuzzi y Bruglia, Rosatti y Rosenkrantz también aceptaron sus cargos a sola firma de Macri. En el caso de Rosenkrantz, El Destape reveló que intervino en varias decenas de casos de sus ex clientes. Esta semana lo volvió a hacer en un caso que involucra a AMX (Claro). Es ilegal, pero todo gratis, al menos en lo que respecta a impunidad. Lorenzetti fue el titiritero del lawfare. Sin costo: gratis.
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