7 de abril de 2026, Sala 1 del Auditorium de Bariloche, nueve de la mañana. La acusada es Ingrid Soledad Cayunao, integrante de la Lof Cayunao, procesada por usurpación y hurto. Según la querella, había ingresado de forma clandestina a un campo privado de catorce mil hectáreas en el paraje Alto Río Chubut, a cuarenta y cinco kilómetros en línea recta de la frontera con Chile, en plena zona de seguridad de frontera. La defensa dijo que fue a buscar sus animales, como siempre. Lo inesperado ocurrió cuando tomó la palabra el acusador.
Hugo Alberto Barabucci —el querellante— respondió una pregunta del abogado defensor Martín Palumbo con una naturalidad que heló la sala. Preguntado sobre el origen del dinero con que compró esas catorce mil hectáreas en 2017, Barabucci reconoció que el monto —alrededor de dos millones de dólares— había llegado como donación no restituible del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. El nexo, según su propia declaración, fue un club de polo vinculado al gobierno emiratí, que el empresario afirmó conducir. El vendedor de la propiedad fue Marcos Marcelo Mindlin, el empresario energético más poderoso del país, y uno de los más ebenficiados por las decisiones del gobierno de Javier Milei.
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La confesión de Barabucci tuvo consecuencias inmediatas. La defensa solicitó que las actuaciones fueran remitidas al Ministerio Público Fiscal para investigar la legitimidad de la compra bajo la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que prohíbe que extranjeros adquieran tierras en zonas de frontera, directamente o por persona interpuesta, cuando esa zona esté ubicada a menos de cien kilómetros de un límite internacional. El campo en cuestión está dentro de ese radio.
El territorio involucrado no es cualquier terreno. En esa zona nacen los cursos de agua que forman el río Chubut, que atraviesa la provincia homónima durante más de mil kilómetros, irrigando diez localidades y una docena de parajes rurales hasta desaguar en el Atlántico por la Bahía Engaño, al sur de Rawson. El lonko Mauro Millán, que testificó en el juicio, habló del agua de esas nacientes como un bien que pertenece a mapuches y no mapuches que viven río abajo, y advirtió que las altas cumbres no deben quedar expuestas a intereses foráneos.
El desenlace del juicio transmitió una inusual brisa de justicia. Soledad Cayunao fue absuelta. La acusación se derrumbó cuando los propios peones del campo admitieron que había sectores sin alambrar y que nadie sabía con precisión por dónde corrían los límites. No hubo dolo, no hubo desapoderamiento: hubo una mujer que cruzó un campo en busca de sus animales. Lo que sí quedó en pie, registrado en el expediente y en las grabaciones de la audiencia, es la confesión de que catorce mil hectáreas en las nacientes del río Chubut —zona de seguridad de frontera, bajo la protección formal de la Ley 26.737— fueron compradas en 2017 con dinero donado por un gobierno extranjero a un intermediario argentino que hace más de veinte años reside en los Emiratos, y que dice desconocer la identidad del resto de los integrantes del club de polo a través del cual canalizó la operación.
Si el Gobierno tiene éxito en su próximo emprendimiento legislativo, Barabucci quedará exento de culpa, cargo y explicación.
El mismo 7 de abril, pero en el Salón Azul del Senado, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentó ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para defender un proyecto que, en su nombre, promete protección y, en su articulado, habilita el despojo. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —ingresada el 26 de marzo con el número de mensaje MEN-2026-22-APN-PTE— tiene la apariencia de una reforma técnica y la ambición de una reforma estructural: modifica seis marcos normativos distintos, altera el régimen expropiatorio, desregula la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros, agiliza los desalojos hasta reducir los plazos a niveles que no tienen precedente en la región, y desmantela las restricciones ambientales que impedían el cambio de uso de suelo en zonas afectadas por incendios forestales.
El proyecto llega en el mismo ciclo legislativo en que el oficialismo logró modificar la Ley de Glaciares, que avanza la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay entre dos empresas belgas por 25 años, que se perfila la privatización de Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y AySA, y que el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre gobernadores "dialoguistas" para coser la tela legislativa con la que el gobierno pretende ejecutar, con aval parlamentario, la transferencia más amplia de activos públicos y recursos estratégicos de las últimas décadas.
Cepo a las expropiaciones
La primera y más discreta de las modificaciones que contiene el proyecto apunta al corazón del régimen expropiatorio vigente, regulado por la Ley 21.499. El texto propone que la declaración de utilidad pública sea de interpretación restrictiva, que identifique de forma específica el fin perseguido y que la expropiación sea el último recurso disponible —idónea, necesaria y proporcional—. En paralelo, se fija el valor del bien a la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización, se incluye el lucro cesante como rubro indemnizatorio y se incorpora una tasa de actualización atada al IPC del INDEC más un interés comercial razonable.
En la superficie, el argumento es la seguridad jurídica. En la práctica, el efecto es bloquear —o encarecer hasta el absurdo— cualquier intento futuro de recuperar por vía expropiación los activos que hoy se están entregando mediante concesiones y privatizaciones. Es decir: el proyecto pretende ponerle un cerrojo económico a la recuperación de recursos estratégicos entregados, en muchos casos, a precio vil.
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Tierra arrasada
El tercer capítulo del proyecto —titulado con pudor "Modificaciones a la Ley del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales"— desmantela la Ley 26.737, sancionada en 2011 para limitar la adquisición de campos por parte de extranjeros. La reforma propone concentrar las restricciones exclusivamente en los casos donde el comprador sea un Estado extranjero o una entidad vinculada a él. Los inversores privados extranjeros, en cambio, quedan habilitados para adquirir tierras rurales con apenas la obligación de acreditar que la operación no compromete la seguridad, defensa o soberanía nacional —criterio cuya evaluación queda en manos de la reglamentación futura, es decir, del gobierno de turno.
El proyecto argumenta que la ley vigente desalentó inversiones en el sector agropecuario. No cita ningún dato que lo respalde. Lo que sí está documentado —por el propio Atlas de Glaciares argentinos, por investigaciones periodísticas y por el expediente 50138-M-25 del Catastro Minero provincial de Río Negro— es que la zona cordillerana ya viene siendo objeto de concesiones irregulares que operan al margen de los marcos de protección vigentes. En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck otorgó permisos de cateo minero sobre diez mil hectáreas del Cerro Carreras —zona que contiene 505 glaciares registrados en el Inventario Nacional y las nacientes de los ríos Chubut, Foyel y Villegas— a la empresa Tamar Mining, vinculada a un hub corporativo llamado Meridión del Plata que no está inscripto legalmente en Argentina bajo ese nombre y cuya concesión nunca fue publicada en el Boletín Oficial. Lo hizo en secreto, mientras en Buenos Aires la Cámara de Diputados debatía si reformar o no la Ley de Glaciares.
La reforma de la ley de tierras, entonces, no llega a un territorio virgen. Llega sobre tierra arrasada por actores que explotan miles de kilómetros con fines diversos: extractivismo, especulación inmobiliaria, apropiación de recursos naturales, posicionamiento geoestratégico. Lo que el proyecto hace es legalizar el estado de situación que los gobernadores "dialoguistas" ya construyeron en sus provincias a cambio de acompañar la agenda legislativa del Ejecutivo.
Las aguas bajarán turbias
La secuencia continuó en la madrugada del 9 de abril, cuando la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos y 111 en contra. La modificación acota la protección a las zonas con "función hídrica específica" y amplía el margen de decisión de las provincias mineras —Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza— sobre sus propios territorios periglaciares. La operación política que hizo posible ese resultado fue construida en reuniones en la torre del JPMorgan Chase en Nueva York, donde ejecutivos de Rio Tinto, McEwen Mining y First Quantum Minerals, en un panel moderado por Daniel González Casartelli, exCEO de YPF y miembro del directorio de Adecoagro, empresa de origen nacional adquirida por el fondo crypto Tether, ligado a Howard Lutnick, secretario de Comercio de Donald Trump. En esos encuentros, las empresas plantearon que las restricciones a la actividad en zonas periglaciares eran un obstáculo para sus proyectos.
Lo que la reforma de la ley de glaciares dejó establecido —que los recursos naturales estratégicos pueden ser desprotegidos mediante modificaciones legislativas pactadas entre el ejecutivo nacional y los gobernadores provinciales— es exactamente el modelo que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada viene a consolidar y profundizar. Son piezas del mismo rompecabezas.
El capítulo de manejo del fuego ratifica el patrón. El proyecto modifica la Ley 26.815 y sus modificatorias para circunscribir la restricción al cambio de uso del suelo afectado por incendios exclusivamente a los bosques nativos comprendidos en la Ley 26.331 y a los bosques no productivos alcanzados por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal. Todo lo que quede fuera de esa delimitación —campos quemados que no tengan categoría de bosque nativo según el ordenamiento territorial— podrá ser vendido, dividido o reconvertido. El incentivo que esto crea para quemar campos y luego cambiarle el uso no está mencionado en la exposición de motivos. Quizá porque resulta una obviedad.
Desalojos express
La reforma procesal que el proyecto introduce en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en el Código Civil y Comercial en perjuicio de uno de los sectores más vulnerables de cualquier sociedad en crisis habitacional: los inquilinos y los ocupantes precarios. Un análisis comparativo elaborado por Inquilinos Agrupados en abril de 2026 —cruzando el texto del proyecto con la legislación vigente en siete países de la región— ubica a la propuesta argentina en el extremo más desfavorable para el inquilino entre todos los marcos normativos relevados.
El mecanismo que el proyecto denomina "sumarísimo" establece una intimación de pago de apenas tres días corridos antes de iniciar la acción judicial —ningún país comparable reduce ese plazo a menos de una semana: Brasil exige treinta días, España treinta, Uruguay diez días hábiles—. Ante una denuncia por intrusión, el juez puede ordenar la entrega inmediata del inmueble con la sola presentación de una caución juratoria. El mandamiento de lanzamiento incluye autorización para allanar domicilios y operar en días y horas inhábiles.
El proyecto no contempla el derecho de enervación, no fija plazos mínimos de contrato ni prevé prórrogas automáticas. Y borra la distinción que el derecho comparado europeo cuida con especial atención: la diferencia entre el intruso que ocupa sin título y el inquilino moroso que ya tenía una relación contractual. España separa explícitamente el desahucio express —aplicable solo a okupas— del procedimiento para inquilinos morosos. El proyecto argentino aplica los mismos mecanismos de desocupación inmediata a ambas situaciones.
El resultado es un régimen que, medido contra los estándares regionales, es más rápido y más agresivo que cualquier otro de referencia, sin ofrecer las contrapartidas que los sistemas que funcionan con plazos cortos —como la Ley de Urgente Consideración uruguaya— mantienen como equilibrio mínimo: eliminación de la garantía a cambio de proceso acelerado, de forma voluntaria y opcional. Acá no hay opción: el esquema es impuesto a todos los inquilinos del país.
El contexto en que esto ocurre no es neutro: el mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registró en 2025 un incremento del 70 por ciento en la cantidad de escrituras respecto de 2023, según datos del Instituto de Estadística y Censos de la CABA citados en el propio mensaje presidencial como justificación de la necesidad de modernizar el sistema registral. Lo que eso indica, en una economía con salarios reales deprimidos tras dos años de ajuste, es un mercado inmobiliario recalentado por encima de la capacidad de compra de la mayoría.
Privatizaciones protegidas
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no menciona a Enarsa, Intercargo, Corredores Viales, la Hidrovía ni AySA. No hace falta. Lo que hace es establecer el marco jurídico dentro del cual esas operaciones se volverán, una vez consumadas, prácticamente irreversibles.
Según el balance anual del Ministerio de Economía correspondiente a 2025, cuatro de las seis empresas que el gobierno tiene en carpeta para privatizar o concesionar cerraron el año con superávit financiero: Intercargo, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Enarsa.
Urgido de dólares y retornos, el gobierno privatiza activos que generan ingresos. El relato choca contra la experiencia reciente, donde se destaca el caso de YPF: la recuperación de la petrolera a manos del Estado permitió el desarrollo estratégico que expandió Vaca Muerta, la usina de dólares que sostiene el ancla cambiaria del plan de estabilización.
Gobernadores migajeros
El oficialismo cuenta con gobernadores "dialoguistas" y sus expresiones legislativas para avanzar con el saqueo. El mecanismo político que hace posible este alineamiento es la necesidad: los gobernadores de provincias con recursos mineros o con deuda provincial flotante ante la Nación requieren el visto bueno del Ejecutivo para muchas cosas —endeudamiento, transferencias coparticipables, obras, habilitaciones—. A cambio, acompañan los proyectos que el gobierno y sus sponsors exigen. Y, de paso, alimentan patrimonios y campañas futuras.
El mensaje presidencial que encabeza el proyecto cita el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation para argumentar que la protección de los derechos de propiedad en Argentina es de las más bajas del mundo. Se trata de una organización estadounidense de cuño conservador ligada al Partido Republicano.
Se entiende el apuro: los escándalos de corrupción en el gobierno argentino y, sobre todo, una eventual derrota electoral de Donald Trump pueden acelerar la caducidad de un experimento que, aunque resulte breve, pretende dejar su estela letal.
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