Frente al primer gran desafío de la segunda etapa en la relación con La Libertad Avanza, el PRO apunta a perfeccionar su equilibrismo. Ante el polémico DNU de Javier Milei que reforma el Sistema de Inteligencia Nacional, el bloque amarillo optó por una tregua técnica: conformó un equipo de especialistas para “analizar” la letra chica de la medida, una estrategia que le permite ganar tiempo y evitar un choque frontal con la Casa Rosada por la creación de una virtual policía secreta y la concentración de datos en manos de Karina Milei. Ex aliados suyos, en cambio, cuestionaron la medida y piden su rechazo parlamentario.
El bloque PRO ya puso en marcha un equipo especializado para analizar el Decreto 941/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones estructurales a la Ley de Inteligencia Nacional. Para el espacio amarillo, la temática es "central para la seguridad y la defensa", por lo que su postura inicial fue la de "actuar con responsabilidad institucional" y esperar los protocolos de aplicación antes de fijar una posición definitiva. Se trata, en rigor, de una excusa técnica para no obstaculizar una medida que, jurídicamente, acumula severas objeciones.
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Entre los puntos más polémicos aparece la nueva facultad de los agentes de inteligencia para aprehender ciudadanos. Desde el PRO, reiteraron que es "imprescindible" conocer los protocolos de uso y las reglas de aplicación antes de avalarla. Pero, en una primera lectura, ya advirtieron que la aprehensión “es de carácter restrictivo y excepcional”, dado que los agentes de inteligencia no pueden, por ley, darse a conocer ni revelar su identidad durante el ejercicio de su función. ¿Puede alguien detener a otra persona sin identificarse? De avanzar sin cambios, la normativa validaría, de hecho, la existencia de una policía secreta.
Un punto que el PRO calificó como “claramente positivo” es la concentración de información sensible en manos de Karina Milei. El macrismo describió la unificación de bases de datos estatales como una “modernización pendiente”, minimizando los riesgos de que la hermana del Presidente maneje, vía Jefatura de Gabinete, el Centro Nacional de Ciberseguridad. Esto le permitirá acceder a activos digitales estratégicos, bases de datos de organismos clave y recursos que concentran información sobre todos los ciudadanos. Para el PRO, este manejo no será discrecional, sino que estará limitado por la Ley de Protección de Datos Personales, siempre y cuando se respete la normativa vigente.
Con la intención de blindar a Javier Milei ante las críticas por autoritarismo —al evitar que la reforma pase por el Congreso—, el PRO validó el uso del DNU. Argumentaron que gobiernos de distintos signos políticos utilizaron la misma herramienta para modificar leyes de inteligencia, intentando naturalizar un mecanismo que hoy elude el debate legislativo.
Cada vez más lejos de sus ex aliados
Esta posición no es compartida por la Coalición Cívica, antiguos aliados del PRO en Juntos por el Cambio. Maximiliano Ferraro pidió la inmediata conformación de las comisiones parlamentarias para declarar la nulidad del decreto. Según denunció el diputado, con esta medida los ciudadanos serán “todos espiados”. Ferraro cuestionó que el Gobierno apele a decretos cuando el Congreso está operativo para sesiones extraordinarias: “A Milei no le gusta gobernar según la Constitución; para él es un obstáculo y prefiere los atajos”, disparó en X.
El legislador enumeró los peligros ocultos en el decreto: la creación de “espías con poder de policía”, un sistema de inteligencia con “secreto total por defecto” al considerarlo reservado, la centralización masiva de datos personales y la posibilidad de “influir en la opinión pública” bajo la excusa de la contrainteligencia. Para Ferraro, tanto Victoria Villarruel como Martín Menem deben designar de inmediato a los miembros de la Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo para rechazar el DNU. Caso contrario, advirtió, los legisladores buscarán resolver el asunto directamente en el recinto.
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