La administración Milei dio un paso más en su estructura jurídica para el saqueo de la Argentina y sus recursos naturales. Los cambios en la ley de glaciares se aprobaron para que empresas como Glencore, Barrick Gold, McEween y Río Tinto avancen con proyectos donde hasta el miércoles pasado no podían hacerlo.
La provincia de Río Negro había entregado permisos de cateo a la empresa Tamar Mining (vinculada a capitales del Estado de Israel) en una zona de glaciares. Ante la denuncia formulada por la diputada provincial Magdalena Odarda, el gobernador dialoguista, Alberto Weretilneck, borró del registro oficial la habilitación otorgado que todavía figuraba en el catastro minero para febrero de este año.
La estructura jurídica para el saqueo se basa en el fundamento de la legalidad fraguada, hacer legal lo que no lo es. Algo similar ocurre con los cambios que se impulsan en el “Régimen de protección del dominio nacional sobre propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales (26.737)” vinculado a la extranjerización de la tierra.
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El empresario británico Joe Lewis compró en la década del ´90 las 12.000 hectáreas de Lago Escondido en zona de seguridad frontera a través de una red de testaferros liderada por la familia Van Ditmar. Los empresarios de los Emiratos Árabes Unidos lo están haciendo ahora a través del fideicomiso Amaike, con la adquisición de campos linderos al de Lewis y otros de capitales de Qatar.
Además de Lago Escondido – la estancia del lawfare que tuvo como invitado al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques-, Lewis también era dueño de una pista de aterriza vendida a los mismos capitales de los Emiratos (Manzil SA).
“Esto es parte del proceso de extranjerización que venimos denunciando desde hace muchos años, frenado en parte con la sanción de la ley de tierras pero que ahora volvió a recrudecerse. Vemos que hay una complicidad de Weretilneck en cuanto a permitir la compra de tierras por empresas o personas interpuestas – sociedades con DNI argentino- pero que hacen fraude a la ley de tierras. Son compras nulas porque utilizaron la figura del testaferro, mecanismo todavía prohíbo por la ley”, denunció Odarda en diálogo con El Destape.
La estructura jurídica para el saqueo con su avanzada parlamentaria fue “celebrada” por el club de abogados de la calle Montevideo, cueva letrada para los defensores de todas las dictaduras del país desde 1930 en adelante.
Un refugio para magnates
El presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) estuvo en Bariloche para el 23 de febrero de este año. Llegó con una comitiva de 200 personas, con avión privado y una flota de helicópteros. Hermetismo total.
Los capitales de los Emiratos poseen tierras sobre el Río Foyel (hacia el oeste de la Ruta Nacional 40), en la Estancia Las Marías con 2000 hectáreas; luego poseen un coto de caza de 19.400 hectáreas –territorio en el que se dio el conflicto con Soledad Cayunao- sobre el Cerro Carreras; más otras 30.000 hectáreas sobre la costa atlántica de la provincia de Río Negro, allí donde se encuentra el aeropuerto que antes perteneció a Lewis.
“El presidente de los Emiratos Árabes Unidos llegó justo cuando ocurrió el ataque de Irán a las instalaciones de Estados Unidos en ese país. ¿A qué vino Mohamed bin Zayed Al Nahyan? ¿Vino a comprar tierras? En algún momento se volvió o sigue acá, no lo sabemos. Todos estos magnates están construyendo edificaciones de alta seguridad en la Patagonia, como Lewis que también se construyó un bunker. En el predio que poseen los qataríes también existe un bunker”, sostuvo Odarda.
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¿La Patagonia como refugio de capitales extranjeros ante un escenario global cada vez más bélico? Por eso la quieren vaciada de población. Esa idea de vaciamiento (expulsión de su población originaria sostenida desde el genocidio a los pueblos originarios en el Siglo XIX) es lo que había motivado al empresario Hugo Barabucci a iniciar una demanda penal contra Ingrid Soledad Cayunao acusada de quedarse con una parte del campo ubicado en el paraje Alto Río Chubut. Durante el proceso judicial, el propio Barabucci reconoció que había adquirido esa porción de tierras a partir de una donación de los Emiratos Árabes Unidos.
La periodista Susana Lara ya había denunciado en diciembre de 2024 que esos dos millones de dólares habían salido de una cuenta del Banco First Gulf Bank en Abu Dhabi (uno de los siete emiratos federados en la EAU) a una cuenta en el Banco J.P. Morgan Chase Bank, sucursal Nueva York.
Barabucci (supuesto dueño de un club de polo en el país árabe) inscribió el campo como propio a partir del fideicomiso Amaike. Luego del juicio contra Cayunao que finalizó el jueves pasado con la absolución de la acusada, Odarda le solicitó al Ministerio Público Fiscal que se investigue el ingreso de esos dos millones de dólares como posible delito de contrabando y lavado de activos.
“Lewis actuó como la puerta de entrada de todos estos capitales. La Estancia Las Marías (Emiratos Árabes Unidos) es lindera a Lago Escondido. También están los capitales de Qatar a los que Weretilneck les dio permiso para montar tres centrales hidroeléctricas. Esto capitales vienen a la Argentina para protegerse”, concluyó Odarda.
Weretilneck también impulsa la construcción de un estadio de fútbol con fondos qataríes. "Mañana voy con Weretilneck a ver al embajador de Qatar por el tema del estadio en Bariloche". Según publicó LaPolíticaOnLine, este mensaje de WhatsApp surge de los chats privados entre Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.
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Legalidad fraguada y conflicto de intereses
El Colegio de Abogados de la calle Montevideo, cueva letrada para los defensores de todas las dictaduras del país desde 1930 en adelante, y oficina para los lobistas de las corporaciones que se dedican a planificar el saqueo del país, celebró los cambios en la ley de glaciares con la difusión de un comunicado.
“Debe resaltarse la incorporación del artículo 3° bis, que consagra la aplicación del principio precautorio en materia de glaciares. Por lo tanto, en virtud de este principio, todos los glaciares y geoformas periglaciales incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares serán considerados parte del objeto protegido de la ley hasta tanto la autoridad competente verifique, sobre la base de estudios técnico-científicos, la inexistencia de las funciones hídricas previstas en el artículo 1°”, puede leerse en el comunicado.
Esto quiere decir que si la autoridad competente (de la jurisdicción provincial) aludida por “El Colegio de la calle Montevideo” considerase que un glaciar o geoforma periglacil no resultase relevante, podría solicitarle al IANIGLA su remoción del Inventario. Solo bastará con una nota administrativa para avanzar contra estos recursos naturales en función de un proyecto minero. Los cambios en la protección de los glaciares y periglaciales es otra de las formas de la legalidad fraguada.
“Los beneficiarios de ese cambio normativo no son abstractos. Tienen nombre, ubicación y antecedentes. Son las mismas empresas que asesoró y/o integró su directorio (Enrique Lucero, secretario de Minería), entre otros el proyecto El Pachón, en San Juan, controlado por Glencore, probablemente sea el caso más evidente. Un desarrollo de gran escala, emplazado en alta cordillera, cuya viabilidad ha estado históricamente condicionada por la normativa glaciar. La flexibilización del régimen reduce de manera directa ese condicionamiento”, puede leerse en la denuncia penal por incompatibilidad en el ejercicio de la función pública contra Lucero formulada por la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Una denuncia similar le correspondió a Flavia Royón (ex secretaria de Energía del FdT, ex secretaria de Minería de LLA durante dos meses) y actual senadora salteña, también por su vínculo con empresas del sector.
Lucero formó parte del estudio Marval, O’Farrell & Mairal. También asesoró a empresas claves del sector minero, entre ellas Xstrata, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Vale, Cameco Corporation, Silver Wheaton, Hochschild Mining plc, Denison Mines, Andean Resources, Pan American Silver y Newmont. En total, el Observatorio de las Elites (CITRA-UMET-Conicet) le encontró al secretario de Minería 37 vínculos societarios con empresas del sector.
Para disimular un poco el fuerte conflicto de intereses, el 14 de mayo del año pasado el Ministerio de Economía publicó la Resolución 630/2025 por la cual Lucero se excluyó de participar de cualquier decisión administrativa vinculada a la empresa Glencore. De todas maneras, el funcionario participó del plenario de comisiones del Senado para argumentar a favor de los cambios en la ley de glaciares, modificación normativa que llevó el nombre propio de Glencore, entre otras sociedades.
“La paralización y el desmantelamiento de la administración pública en paralelo con la implementación de una agresiva política de desregulación económica y con el proceso de ocupación de áreas de la gestión por parte de funcionarios directamente vinculados con empresas privadas conlleva un gran riesgo: el avance de intereses privados sobre áreas deliberadamente debilitadas de la administración de gobierno que tienen relevancia significativa en la orientación de la política pública”, describió el Observatorio de las Elites en su informe número 12 publicado en noviembre de 2024.
El fuego que todo lo arrasa
La estructura jurídica para el saqueo también incluye los cambios en la ley del manejo del fuego, incluida en la iniciativa ómnibus denominada “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. De acuerdo a lo denunciado por el senador de Río Negro, Martín Soria (Unión por la Patria), la administración Milei aplicó en el Presupuesto 2026 un recorte del 70% en las políticas vinculadas al manejo del fuego en comparación con el Presupuesto prorrogado de 2023.
“Entre 2025 y 2026 hubo más de 200.000 hectáreas arrasadas por el fuego”, denunció Soria la semana pasada, ante un Federico Sturzenegger, ministro de destrucción del Estado, inmutable.
No hay exageración al sostener que el escenario es devastador. La Asociación Foro Ecologista de Paraná (Sergio Daniel Verzeñassi) y la Asociación Argentina de Juristas (Claudia Viviana Rocca) presentaron una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, con el patrocinio de Eduardo Barcesat, para que el Estado empiece a actuar de manera precautoria ante el sistemático avance de los incendios en la Patagonia y se declare a los glaciares como “sujetos de derecho”.
“La ocurrencia y reiteración de incendios en tales zonas, o su amenaza inminente, refuerza el deber estatal de prevención, control, monitoreo, restauración y no regresión, y vuelve particularmente procedente un abordaje judicial estructural con metas, indicadores y seguimiento, evitando que la protección quede reducida a respuestas reactivas o meramente declarativas”, puede leerse en el texto de la cautelar.
La medida fue presentada ante la Corte Suprema porque los demandados son, además del Estado nacional, las provincias patagónicas, epicentro de los últimos grandes incendios y las jurisdicciones que albergan gran parte de los casi 17.000 glaciares de las Áreas Desérticas.
La proliferación de los incendios no son hechos aislado sino que forman parte de un fenómeno sistemático, reiterado y agravado por la crisis climática (sequías masivas y estrés hídrico). Al primero de febrero de este año, en Chubut se contabilizaban 45.000 hectáreas arrasadas por el fuego; desde noviembre de 2025 hasta mediados de enero, según el Servicio Público del Manejo del Fuego, se actuó sobre 66 focos de incendios en distintas zonas de la provincia de Río Negro.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sobre el periodo septiembre 2025-enero 2026, detalló que “ocurrieron 48 incendios mayores a 500 hectáreas, que en conjunto afectaron una superficie aproximada de 115.000 hectáreas”, solo en la provincia de La Pampa.
La medida cautelar apunta a que “de ahora en adelante se actúe sobre el paradigma de la prevención, que obliga a desarrollar mecanismos de evitación y de participación en políticas públicas que eviten el avance de las sequías y de las catástrofes a las que se verá expuesta la humanidad si los Estados, no cumplen las obligaciones asumidas en las conferencias internacionales sobre cambio climático”.
La demanda impulsada por la Asociación Foro Ecologista de Paraná (Sergio Daniel Verzeñassi) y la Asociación Argentina de Juristas (Claudia Viviana Rocca), bajo el patrocinio de Barcesat, también apunta a que se declare a los glaciares y al ambiente peri glacial de la República Argentina como sujetos de derecho, titulares de protección jurídica autónoma, con derecho a su existencia, preservación, conservación, regeneración, evolución natural y continuidad funcional como componentes esenciales de la biosfera, del sistema climático y del ciclo hidrológico, conforme el art. 41 de la Constitución Nacional, la Ley 25.675, el Acuerdo de Escazú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana aplicable”.
“Se ordena de inmediato a los demandados abstenerse de ejecutar, autorizar o permitir actos, omisiones, actividades o decisiones administrativas o legislativas que impliquen degradación, reducción de protección, alteración o afectación de la integridad funcional de los glaciares y del ambiente peri glacial, en cumplimiento de los principios de prevención, precaución y no regresión ambiental”, puede leerse en el texto de la medida cautelar presentada el pasado 8 de abril, el mismo día en que Diputados avanzaba contra la ley de glaciares y el Senado iniciaba la discusión para modificar la ley de tierras y manejo del fuego.
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