El Consejo Directivo del INTA, a cargo de Nicolás Bronzovich, avanzó esta semana con el cierre de otras 14 Agencias de Extensión Rural (AER) en Buenos Aires y Córdoba, luego de haber promovido el cierre total de la Estación Experimental Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo de la administración Milei dentro del organismo, en cuya gobernanza también participan las entidades patronales de la Mesa de Enlace, apunta a la eliminación de la extensión rural y la transferencia de tecnología desarrollada con capacidades estatales que se vuelca en el día a día de miles de productores rurales, tanto pequeños, medianos y de la agricultura familiar.
Detrás de los cierres del INTA también se encuentra el negocio inmobiliario, a partir de la venta de los campos que posee el organismo en todo el país. Son casi 50.000 hectáreas que el ministro Luis Caputo dice que quiere vender para juntar dólares para el pago de sus compromisos financieros. El otro actor clave en el proceso de venta es la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Tanto los trabajadores del organismo a través del gremio APINTA, junto a organizaciones de productores y de la agricultura familiar se encuentran preparando el texto de una medida cautelar para intentar frenar el proceso de desguace.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
El cierre de las Agencias de Extensión Rural
En el Orden del Día 612 del Consejo Directivo se resolvió suprimir de la estructura organizativa del INTA las Agencias de Extensión Rural de los Centros Regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba que ya habían sido señaladas previamente dentro del plan de ajuste distribuido por las autoridades nacionales en diciembre pasado.
Las agencias que dejaron de existir fueron las de Vedia y Rojas (Buenos Aires norte); y Laprida, Lamadrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo (Buenos Aires sur). En el caso de Córdoba, se dieron de baja las agencias de extensión ubicadas en Oncativo, La Carlota y Ucacha.
En total, se prevén dar de baja 48 Agencias de Extensión Rural en Chaco, Salta, Catamarca, Mendoza, Patagonia Norte y Sur.
El plan de desguace ya se cobró 800 personas que se fueron del organismo a través de un proceso de retiros (no) voluntarios, jubilaciones y otras desvinculaciones. La administración Milei quiere implementar otra tanda de retiros voluntarios frenada –por el momento- por sus trabajadores y trabajadoras.
Dentro del INTA se vive una situación de tensión permanente. Mientras avanza el ajuste, los equipos técnicos, Consejos Regionales y de Centros, universidades, gobiernos provinciales, organizaciones de productores y Consejos Asesores Locales se encuentran trabajando en la construcción del Plan de Mediano Plazo 2025-2030 (PMP), proceso que definirá la futura cartera de programas y proyectos del organismo.
“Si el PMP no tiene presupuesto asignado, será apenas una lista de buenas intenciones que choca de frente con el cierre de unidades y la venta de tierras. El riesgo es claro: o el PMP ordena la agenda del Consejo Directivo, o la agenda de ajuste vacía al PMP”, puede leerse en un comunicado distribuido por los trabajadores del organismo, bajo la protección gremial de APINTA.
MÁS INFO
La resistencia en los municipios
Ante el desguace del INTA y el temor de una avanzada vinculada a los negocios inmobiliarios, más de 15 municipios impulsaron ordenanzas para proteger las tierras vinculadas a la EEA AMBA. Florencio Varela, Berazategui, Berisso, San Vicente, Almirante Brown, Luján, San Martín, Merlo, Moreno, General Rodríguez y ahora Ituzaingó ya se pronunciaron sobre el tema.
El pasado 25 de marzo fue el turno de Ituzaingó. “Declárase como Área de Preservación Ambiental, Productiva Patrimonial para la Memoria al predio donde actualmente se emplaza la Estación Experimental INTA AMBA en el Partido de Ituzaingó, el cual comprende el humedal del Arroyo Soto, el sector productivo el cual cuenta con un sistema de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica y asesoramiento técnico y edificaciones de alto valor patrimonial, histórico y de la memoria”, puede leerse en la Ordenanza 6627.
La normativa municipal tiene por objetivo la conservación del ecosistema de humedal y su biodiversidad asociada; la continuidad y fortalecimiento de las actividades de producción agroecológica forestal; la protección y puesta en valor del patrimonio histórico y social ligado a la figura de Marta Sierra, vecina desaparecida durante la última dictadura cívico-militar.
El texto aprobado también equiparó el predio como “Área Ecológicamente Protegida" de acuerdo a lo estipulado por la Ordenanza 2013, promulgada por Decreto 559/07. Esta movida se suma a los cambios introducidos en el Código del Uso del Suelo –aprobado el pasado 10 de marzo- por el cual no se habilitan –dentro de los límites del predio en cuestión- las inversiones inmobiliarias residenciales, industriales ni comerciales.
Frenar el proceso de entrega
Los cierres de las agencias de extensión rural sumado a la eliminación de la totalidad de la Estación Experimental Agropecuaria del AMBA se llevaron adelante mediante una resolución del INTA que utilizó como argumento jurídico el DNU 462/25, derogado por el Congreso de la Nación. Por ende, el Consejo Directivo del INTA no podría haber invocado dicho instrumento para avanzar con el cierre de las agencias de extensión rural.
Este será uno de los argumentos que se utilizará en la presentación de una medida cautelar que intentará frenar el proceso de desguace, impulsado por sus trabajadores a través de APINTA, organizaciones de productores y de la agricultura familiar.
“Lo que quiere el Consejo del INTA es sacar a remate las tierras del Instituto como sea. Y dirá cualquiera con tal de encubrir su verdadera intención. El desmantelar el sistema de investigación y desarrollo corporizado por la EEA AMBA y sus nueve agencias de extensión, tiene el escondido y mediocre objetivo de salir a subastar las parcelas inmobiliarias que ocupa la Experimental eliminada. Sobre todo, por el alto valor que tienen al ubicarse en las adyacencias del exclusivo Parque Leloir”, se explica en el texto de la cautelar que se presentará la semana que viene.
Cerrar sesión