La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno porteño que ordenaba como medida cautelar "la suspensión de toda obra o trámite administrativo" relacionado al proyecto de demolición del Luna Park.
Los jueces, Horacio Corti y Hugo Zuleta, a cargo del la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, firmaron la resolución en la que rechazaron el recurso de apelación. "Las cuestiones planteadas han sido consideradas en el dictamen del Dr. Juan Octavio Gauna, fiscal ante la Cámara (cf. dictamen 2329/25), a cuyos fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de brevedad", reseñaron los magistrados.
La demanda había sido presentada por el abogado Andrés Gil Domínguez busca detener el proyecto aprobado por la Dirección General de Interpretación Urbanística del Gobierno porteño, por considerarlo violatorio de las normas de protección patrimonial de la histórica sede de eventos deportivos y artísticos, ubicado en Corrientes y Bouchard.
Sorpresa y reclamos por la rápida aprobación del proyecto para demoler el Luna Park
En febrero de este año, en una decisión tomada en tiempo récord, la Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones el proyecto de demolición del emblemático Luna Park impulsado por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein. Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler denunciaron la iniciativa y solicitaron acceso al expediente y al acta de aprobación sin obtener respuesta por ahora.
La resolución, firmada el 6 de enero, generó un fuerte revuelo debido a que el estadio, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y ubicado en un Área de Protección Histórica, tiene prohibida su demolición, así como cualquier modificación en su volumen original. Sin embargo, el proyecto prevé la ampliación de su capacidad en un 53%, pasando de 8.400 a 13.000 espectadores.
El plan arquitectónico es promovido por DF Entertainment, empresa de Finkelstein, que tiene la concesión del estadio por 40 años. Como parte del acuerdo, el empresario se comprometió a pagar un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión, además de un canon anual del mismo monto.
La decisión de la Comisión, que depende de la Secretaría de Cultura, fue impulsada por su presidenta, Mónica Capano, y por Juan Vacas, vocal del organismo y actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, quien responde políticamente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
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