"Huele a naftalina", resumió el gobernador Axel Kicillof lo que se conoció de la reforma -o "modernización"- laboral, que le resultó muy parecida a lo que se buscó implementar en los noventa, sin éxito. "Es un fantoche de la época del Consenso de Washington", calificó la iniciativa oficial. También desde el estudio laboral Recalde y desde la CTA de Hugo Yasky trazaron un panorama de un conjunto de medidas "viejas y remanidas" que apuntan a cercenar derechos de los trabajadores e incrementar los poderes de los empresarios. "Para garantizar los resultados perseguidos se propone debilitar a los sindicatos y todo esquema de defensa gremial, así como la limitación del acceso a la justicia laboral", concluyeron,
Kicillof aceptó que las leyes deben adecuarse a las nuevas relaciones laborales y al surgimiento de las nuevas tecnologías, pero que los lineamientos de la reforma que se van conociendo no dan cuenta de esa novedad sino que más de lo mismo. "Esto es consagrar un régimen de desprotección", completó el gobernador bonaerense, que comparó este proyecto con lo que se hizo en España o México donde sí se buscó darle algún tipo de cobertura a los trabajadores de plataformas. "En un primer pantallazo no se ve donde están esas mejoras", concluyó respecto a lo que había alcanzado a leer de la normativa impulsada desde el Ejecutivo y supuestamente discutida en el Consejo de Mayo, que finalizó este martes.
Desde el estudio Recalde, de larga trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores, criticaron que la mentada "modernización" no sea otra cosa que una vuelta a remanidos argumentos para podar derechos y bajar salarios. En el trabajo, firmado por Leandro Recalde, concluyen que se busca modificar 60 artículos y derogar otros 20 de ley de contrato de trabajo eliminando principios de justicia social y reglas interpretativas a favor del trabajador. A los trabajadores de plataformas, independientes y los contratados por locación de servicios, directamente se los excluye del régimen laboral. En síntesis, Recalde sostuvo que la propuesta oficial apunta a una reconfiguración total del sistema laboral argentino, obviamente, en detrimento de los trabajadores. Enumeró cuatro efectos principales: desprotección del trabajador, debilitamiento del salario, debilitamiento radical del sindicalismo y obstáculo al acceso a la justicia, al acelerar caducidades y reducir sanciones al empleador.
También desde la CTA de los Trabajadores pusieron el acento en la cantidad de artículos de la ley de contrato de trabajo que alcanza el proyecto por los que, entre otras cosas, el trabajador pierde el beneficio de la duda probatoria. "El proyecto no es otra cosa que el DNU 70 maquillado y reempaquetado para intentar obtener legitimidad parlamentaria. Cambian las formas, pero no el contenido. El objetivo es claro: abaratar el despido, desarmar la negociación colectiva, vaciar la tutela sindical y consolidar un mundo laboral basado en la inestabilidad absoluta", concluyeron los especialistas de la central que orienta Yasky. Con una mirada optimista, el análisis cierra con la convicción de que la justicia laboral declarará la reforma inconstitucional, dado que "reproduce los mismos defectos esrtucturales" que el DNU 70.
Con el resultado a la vista, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, aceptó que probablemente haya sido un error que la CGT aceptara formar parte del Consejo de Mayo, en el que tuvo como representante al secretario de la Uocra, Gerardo Martínez, quien se retiró recién la semana pasada, con un tono crítico a las conclusiones del grupo. Ahora, aseguró Furlán, la CGT y todo el movimiento obrero no podían mirar para otro lado respecto al proyecto y la dirección del modelo libertario. "No tenemos alternativa, está en juego los destinos de nuestra Patria", respondió, en diálogo con El Destape Radio. En los próximos días se verá si su opinión es la de mayoría dentro de la central obrera.
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