El año judicial de Milei: balance y perspectiva para el 2026

El gobierno de Javier Milei termina el 2025 con causas penales que preocupan en la Casa Rosada y que prometen importantes novedades el año próximo mientras apuesta por renovar la Corte Suprema de Justicia y reformar el Código Penal de la Nación.

Hay tres investigaciones sobre la corrupción libertaria que se abrieron este año que impactan en el Presidente y su hermana Karina Milei. Son el criptoescándalo de $LIBRA, el Coimagate de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Narcoescándalo que tiene por protagonista al exdiputado libertario José Luis Espert, acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico. A estas denuncias que complican el horizonte presidencial se sumó el rechazo de los pliegos de los candidatos del Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.  

Pero no todas fueron malas noticias para La Libertad Avanza (LLA) en tribunales. En un claro accionar proscriptivo, este año logró que la Justicia encarcele antes de las elecciones legislativas a la expresidenta Cristina Kirchner, figura de la oposición. El Presidente se adjudicó públicamente la resolución de la Corte, que no tenía plazos para expedirse. A su vez, la LLA arremete contra distintos adversarios políticos motorizando investigaciones penales, como ocurrió en los últimos días con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero del organismo a cargo del fútbol argentino, Pablo Toviggino, pesquisa donde la DGI tuvo un rol preponderante. Esta avanzada, con el Mundial a pocos meses de distancia no es una contienda política menor.

Además, este 2025 Milei dejó en claro que no tienen ningún reparo en atacar la libertad de expresión y realizó denuncias penales contra periodistas de distinto posicionamiento político-ideológico.  

Apuntalado por el resultado nacional de los comicios de octubre, el Poder Ejecutivo prepara una serie de reformas jurídicas para enviar al Congreso, donde logró mejorar su poder de fuego y su marco de alianzas. Tiene en carpeta una gran modificación del Código Penal, con un claro perfil punitivista, y se anima con pensar una nueva Corte Suprema.

Las tres causas que más preocupan a Milei

Este año el Presidente recibió las tres denuncias penales más importantes de toda su gestión. La primera fue la del criptoescándalo de $LIBRA, caso que comenzó el pasado 14 de febrero con una serie de tuits de Milei que promocionaba invertir en el token creado por Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures. Con el tuit presidencial el valor de la criptomoneda creció exponencialmente pero luego cayó de manera abrupta cuando quienes lo impulsaron retiraron los activos que se habían acumulado en pocos minutos dejando sin nada a los inversores genuinos que se habían volcado hacia $LIBRA por el auspicio que le había dado Mieli. El presidente había vinculado el proyecto con el financiamiento de empresas en la Argentina. Ante lo evidente de la estafa, Milei terminó borrando su tuit de promoción varias horas después de haberlo escrito. El accionar del primer mandatario derivó en una decena de denuncias que terminaron abriendo lo que hoy se conoce en tribunales como el “Criptoescándalo”.

El caso es investigado por el fiscal Eduardo Taiano y en la actualidad el juez que interviene es Marcelo Martínez de Giorgi (al comienzo, la causa estaba en manos de la juez María Servini quien había tenido una disputa de competencia con su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado). Este expediente avanza casi de acuerdo a los intereses del Poder Ejecutivo. Sin bien Milei quiere que se cierre de inmediato, lo cierto es que no puede quejarse del accionar de los investigadores, que avanzan a un paso muy lento a pesar de las novedades que se van generando desde diversos medios de comunicación y la comisión investigadora sobre lo ocurrido con $LIBRA que funciona en el Congreso. Por esta inacción, el querellante Martín Romeo pidió el apartamiento de Taiano (además de la indagatoria del trader Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, acusado de actuar como intermediarios en la maniobra). Romeo planteó la recusación de Taiano por entorpecer la pesquisa. La solicitud aún no fue resuelta por Martínez de Giorgi.

En los medios de comunicación la investigación avanza más rápido que en la Justicia. Recientemente, por ejemplo, se conoció que Milei firmó un contrato de confidencialidad con Hayden Davis. Según informó Clarín este lunes, el Presidente y el CEO de Kelsier Ventures firmaron en la “más estricta confidencialidad” un acuerdo de 2 páginas, fechado el 29 de enero pasado, que designaba Davis como asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial. De acuerdo al matutino porteño, Davis haría un asesoramiento “ad honorem” para la “automatización mediante contratos inteligentes”, “digitalización de documentos públicos”, “desarrollo de ecosistemas de innovación digital” y “educación y capacitación”. El 30 de enero se reunieron Davis y Milei en Casa Rosada y el Presidente posteó en la red social X una foto con el joven, en lo que fue su presentación en sociedad. Esos días ya quedó comprobado que hubo importantes movimientos de dinero en las cuentas cripto de los protagonistas de esta historia.

De comprobarse, la rúbrica del acuerdo expone al primer mandatario ya que evidencia que mintió –y mucho- sobre todo lo relativo a la criptoestafa cada vez que brindó una explicación pública.

En paralelo al Criptoescándalo estalló el Coimagate, que impacta de lleno en la hermana presidencial. Se trata de una causa que comenzó a finales de agosto a partir de una denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón, que se hizo eco de la filtración de audios atribuida a Diego Spagnuolo, el exdirector de la ANDIS e íntimo amigo de Milei, a quien se le escucha decir que en el organismo bajo su mando funcionó un sistema de corrupción que terminaba en manos de Karina Milei. De acuerdo a Spagnuolo, el 3% de lo recaudado de forma ilegal iba a parar amanos de la Secretaria General de la Presidencia.

En la causa que investiga el fiscal Franco Picardi e instruye el juez Sebastián Casanello se comprobó que en la ANDIS funcionó una “enorme trama de corrupción”, según describió Picardi. Hasta el momento en el expediente ya se realizaron a 19 indagatorias y se esperan nuevas citaciones. Entre los indagados destacan Sapgnuolo y el multifacético empresario Miguel Ángel Calvete, quien hoy se encuentra detenido en el marco de otro proceso y fue señalado por el fiscal como el jefe de la asociación ilícita. Su hija, Ornella Calvete, exfuncionaria del ministerio de Economía que comanda Luis “Toto” Caputo, fue una de las últimas indagadas. Ornella fue eyectada del cargo cuando estalló su nombre en este escándalo. En un operativo en el marco de esta causa le encontraron 700 mil dólares. Además tiene chats con su padre con referencias al “3% para KM”. El 19 de diciembre en sede judicial se negó a declarar. Pero ante la prensa, cuando se retiraba de los tribunales de Comodoro Py, dijo que tenía “un montón de cosas para decir”. ¿Una advertencia para alguien del gobierno?

La tercera causa que preocupa y mucho al gobierno es el Narcoescándalo, que terminó con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Esta causa comenzó en septiembre pasado, en la víspera de las elecciones legislativas, con una denuncia del ahora diputado nacional Juan Grabois, quien denunció a José Luis Espert por lavado de activos provenientes del narcotráfico en los tribunales de San Isidro. El desencadenante fue el giro de 200 mil dólares que le hizo Federico “Fred” Machado al diputado en 2020 y que Espert no pudo explicar en las distintas apariciones que tuvo en el marco de la campaña. Machado no solo financió la campaña presidencial de Espert de 2019. Recientemente, fue extraditado a los EEUU acusado de narcotráfico y lavado de activos. La investigación del Narcoescándalo fue delegada al fiscal Fernando Domínguez quien avanzó con rapidez. En un allanamiento encontró un contrato de Espert con Machado por un millón de dólares por una asesoría a una minera guatemalteca propiedad de Machado que sería un sello de cartón. Como publicó El Destape, las cuentas de Espert no cierran. Para la Justicia, el exdiputado libertario falseó declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, escondió cuentas bancarias y sospecha que usó empresas como pantalla y hasta un testaferro para presuntamente “blanquear” dinero ilícito. La causa avanza y las pruebas que nutren el expediente están lejos de ser “chismes de peluquería” como le intentó bajar el precio al caso el presidente Milei en plena campaña.

Las tres mencionadas causas judiciales continuarán su curso en 2026. Habrá que ver hasta dónde la Justicia decide avanzar contra el Presidente.

Como contraataque judicial hay otras causas con las que el gobierno pretende pasar a la ofensiva en tribunales. Por un lado, el próximo año avanzará el juicio del caso Cuadernos, que el oficialismo intentará usufructuar con un discurso anticorrupción. También avanza contra el presidente y tesorero de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino respectivamente, con el impulso de causas penales en la justicia federal de Lomas de Zamora y el fuero Penal Económico. Los acusa de evasión y lavado de activos. Desde ARCA realizaron presentaciones en pos de investigar el accionar de la firma Sur Finanzas, que se pretende relacionar con Tapia en la víspera del Mundial. Toviggino está vinculado con el canal Carnaval Stream, donde se filtraron los audios adjudicados a Spagnuolo que derivaron en el Coimagate.

¿El gobierno busca una nueva Corte Suprema?

En abril de este año el oficialismo sufrió un duro revés cuando el Senado rechazó los pliegos de sus candidatos para ingresar a la Corte Suprema: el juez Ariel Lijo (actúa en Comodoro Py) y el abogado Manuel García Mansilla (quien había logrado ingresar al Alto Tribunal porque los ministros cortesanos le habían tomado juramento). Con la victoria electoral de octubre y la nueva conformación del Parlamento, desde LLA analizan retomar la idea de reformar la Corte. Los planes llegan a una ampliación para abrir una negociación que tenga más chances de prosperar. Para poder hacerlo requieren dos tercios de los votos en la Cámara Alta, algo que el oficialismo podría lograr con el apoyo de diferentes bancadas y apenas un puñado de peronistas. En la Corte hay dos vacantes (la de Juan Carlos Maqueda, jubilado por este gobierno, y la de Elena Highton). Pero también está vacante el cargo de Procurador General de la Nación (el jefe de los fiscales). Para este nombramiento también se requieren dos tercios de los votos del Senado lo que permite una negociación más amplia. ¿Logrará el gobierno avanzar con la designación de estos cargos tan relevantes para el Poder Judicial? A la par hay 300 vacantes en el tercer poder del Estado. Estos nombramientos de jueces inferiores requieren mayoría simple en el Senado, algo que desde LLA podrían lograr con menor dificultad.

La detención de CFK y el ataque contra periodistas

Uno de los objetivos que el gobierno logró este año –y así lo dijo el propio presidente Javier Milei en declaraciones públicas- fue la detención de la expresidenta Cristina Kirchner. Se trata de una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial.

En una nueva maniobra del lawfare, la Corte Suprema, que no plazos para expedirse, en junio pasado dejó firme la condena de CFK en la causa Vialidad, donde fue sentenciada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron dejar firma la sentencia en la previa a las elecciones de medio término en pos de proscribir a la exmandataria que obviamente no pudo competir. La dos veces presidenta terminó con prisión domiciliaria, tobillera electrónica y un régimen de visitas restringido –lo que la Justicia y el gobierno no hacen ni con los genocidas-. Mientras se escribe esta nota, Cristina está internada producto de una operación de urgencia de apendicitis.

La confirmación de la sentencia de Vialidad en tiempo récord por parte de la Corte está en sintonía con la persecución contra el kirchnerismo que fomenta el gobierno y el círculo rojo. En esa sintonía avanzara el juicio de la operación Cuadernos este 2026.

En este contexto, Javier Milei dejó en claro este año que avanzará contra la libertad de prensa cada vez que pueda. A lo largo de este 2025 denunció penalmente a periodistas de diferente posicionamiento político-ideológico. La lista incluye a nuestros colegas Ari Lijalad y Nicolás Lantos y llega a Carlos Pagni, Viviana Canosa y Julia Mengolini. Los expedientes siguen su trátmite aún hoy y se sustancian en el contenido de artículos periodísticos y opiniones volcadas en editoriales.

El Código Penal represivo del gobierno y el futuro de Cúneo Libarona

En 2026 el gobierno también probará suerte con la reforma del Código Penal, del que todavía no se conocen detalles pero se sabe que tiene un claro tinte punitivista. Es un Código Penal al servicio de la represión que tiene una particularidad: su naturaleza –en el que prima el endurecimiento de las penas- fue cuestionada por juristas de lo más diversos. Fue criticado por el exministro de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de DDHH, Raúl Zaffaroni; el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra; y el exministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, entre otros.

Quien estuvo a la cabeza de la elaboración de esta reforma es el camarista de Casación Mariano Borinsky –el que ingresaba en secreto a la Quinta de Olivos a jugar al tenis con el presidente Macri, como reveló El Destape-. Entre otros, también participaron en la comisión que trabajó en la reforma del código el abogado Jorge Boumpadre, a quien se vincula con sectores genocidas; el abogado Fernando Soto, quien fue la mano derecha de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad y es el letrado defensor del expolicía Luis Chocobar, quien mató a un delincuente por la espalda; y la magistrada María Eugenia Capuchetti, que estuvo a cargo de la causa sobre el intento de asesinato de CFK y fue muy cuestionada por las irregularidades que tuvo la pesquisa que nunca avanzó en las pistas políticas del atentado. Los miembros de la comisión a cargo de la reforma deja en claro el perfil que el gobierno pretende que tenga el nuevo código, que debe ser aprobado por el Congreso.

Otro interrogante con el que abrirá el 2026 es si el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, seguirá en su cargo. En el marco de las internas en las que está inmerso el gobierno, hay distintas versiones que dejan trascender desde Casa Rosada pero por ahora ninguna confirmada. Todo indica que seguirá en funciones al menos hasta febrero.