El 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un nutrido grupo de uniformados rodearon el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional para alumbrar un hecho sin precedentes: las cinco fuerzas federales de seguridad marcharon juntas. Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal confluyeron en una protesta común bajo un reclamo que el gobierno lleva meses sin resolver: sueldos por debajo de la línea de pobreza y una obra social en colapso. Con familiares incluidos en la convocatoria, la imagen de los uniformados abrazando el Centinela fue una postal incómoda para la Casa Rosada, y en particular para la ministra Alejandra Monteoliva, que llegó al cargo hace apenas cuatro meses y ya enfrenta una batalla crucial por su supervivencia.
Bolsillos en crisis
El prefecto retirado Miguel Cuadras, uno de los referentes de la protesta, resumió la situación con datos que el gobierno no discute: los rangos más bajos de las fuerzas federales —incluyendo categorías equivalentes en las Fuerzas Armadas, que no participaron de la convocatoria— perciben ingresos de entre $700.000 y $900.000 pesos. La línea de pobreza para un hogar tipo ya había dejado atrás esa franja hace tiempo. El aumento acumulado durante 2025 llegó al 10,30%, con incrementos escalonados entre enero y mayo, cifra que apenas alcanza para equiparar el retraso frente a la inflación del año anterior. Con una inflación del 31% en el período, el aumento reconocido fue del 22%, con la promesa de que recién a mitad de 2026 se recuperarían los niveles previos.
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Los ingresos de los uniformados sufren la motosierra que Javier Milei se ufana de haber pasado por el sector público. Los policías sufren lo mismo que los jubilados, enfermeros, docentes, médicos y administrativos pauperizados para los que son convocados a reprimir. Para trazar la diferencia, el gobierno emitió el Decreto 216/2026, publicado en el Boletín Oficial el 1° de abril. La norma dispuso el pago de una suma extraordinaria no remunerativa y no bonificable de $40.000 para todo el personal de las fuerzas, abonada junto con los haberes de abril, más sumas adicionales según el grado: desde $100.000 para los rangos superiores intermedios hasta $300.000 para cabos, sargentos y agentes de base. La medida fue presentada como un gesto de reconocimiento. Los efectivos la recibieron como un insulto y ratificaron la protesta.
El flanco más crítico, sin embargo, no es el salarial. La disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) mediante el DNU 88/2026, publicado en febrero de 2026, abrió una herida más profunda. El organismo acumulaba una deuda superior a los $200.000 millones con prestadores, lo que había dejado sin cobertura efectiva a más de 600.000 afiliados. En su reemplazo avanza la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que transita un un proceso de licitación entre prepagas privadas que genera suspicacias: quien se alce con la concesión manejará la tercera obra social más numerosa del país. Un negocio multimillonario que interesa a prestadores que financian campañas, y políticos con ambiciones electorales y poder de firma.
Mientras tramita esa disputa de negocios, los uniformados y sus familias quedan suspendidos en un limbo: con descuento en el recibo y sin garantía de atención. "No solo se trata de salarios bajos. También hay problemas serios en la cobertura médica", señaló Analía, familiar de personal de Armería que participó de la concentración frente al Centinela. La falta de contención para efectivos heridos y para familiares de fallecidos en acto de servicio encabeza la lista de reclamos, que incluye la falta de atención adecuada frente una escalada de cuadros de salud mental que, además de expandirse como pólvora entre los uniformados, constituye un riesgo adicional para la población, como quedó en evidencia el mismo día de la protesta por la mañana, cuando una agente de la Policía Federal baleó a compañeros de un viaje compartido en un remise de aplicación. Los pasajeros baleados describieron el episodio como un “brote”.
Salud detonada
La historia de Brisa Mailén Rojas condensa con crueldad lo que los funcionarios prefieren describir con estadísticas. Tenía 21 años cuando ingresó a la Policía de Santa Fe. Había perdido a su madre de adolescente, vendido pastelitos, ropa e hizo rifas para costear sus estudios en el Instituto de Seguridad Pública. Se graduó y fue destinada a la Brigada de Orden Urbano de Rosario. Las últimas semanas de su corta carrera las pasó durmiendo en la Terminal de Ómnibus porque no tenía dinero para volver a su casa en la ciudad de Santa Fe cuando perdía el colectivo, y pocas horas después debía reintegrarse al trabajo. El régimen imponía doce horas de trabajo por treinta y seis de descanso, tiempo en el que aprovechaba para hacer dinero extra con tareas adicionales. En abril de 2025, se quitó la vida con su arma reglamentaria en la habitación que alquilaba por turnos junto a compañeros de patrulla. Tenía dentro el duelo de su madre, y la deuda del uniforme que había tenido que comprarse ella misma porque el instituto no lo daba.
El caso de Brisa, junto con el de Bruno Escobar, Maximiliano Trujillo y Oscar Valdez —en circunstancias similares y en la misma ciudad—, terminó por detonar la rebelión policial que entre el 9 y el 11 de febrero de 2026 puso en jaque al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. Según datos del Ministerio Público de la Acusación, durante 2025 se suicidaron 17 policías y guardiacárceles —provinciales y federales— en Rosario. En todo el territorio santafesino, fuentes extraoficiales elevan esa cifra a 25.
El fenómeno no es regional. En diciembre de 2025, en apenas dos días, tres integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad se quitaron la vida en distintos puntos del país. Rodrigo Gómez, soldado destinado a la custodia de la Quinta de Olivos, dejó una carta en la que hacía referencia a una situación económica asfixiante: acumulaba deudas bancarias superiores al millón y medio de pesos. Juan Javier Pereira, de 28 años, integrante de la Armada, fue hallado sin vida en el cuartel de Monte Caseros, Corrientes, también con referencias escritas a su imposibilidad de afrontar compromisos financieros. Diego Jailek, gendarme de 21 años en Santiago del Estero, precedió su muerte con un episodio de violencia de género contra su pareja. El cuarto caso, el de Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército en Mendoza, marcó un punto de inflexión: por primera vez, la fuerza admitió que el joven estaba en tratamiento psiquiátrico y con licencia médica renovable cada veinte días. Ese mismo día había tenido un control telefónico de salud mental. Horas después se suicidó.
Los especialistas coinciden en los factores estructurales: soldados voluntarios con ingresos de entre $500.000 y $700.000 mensuales; cabos destinados a la custodia presidencial que cobran entre $700.000 y $825.000; solo los rangos más altos superan la línea de pobreza. Ese desfasaje empuja a muchos a endeudarse para cubrir gastos básicos. "Deudas tontas", las llaman dentro de la fuerza: compromisos pequeños que se encadenan y terminan asfixiando.
En Mendoza se registraron seis suicidios de efectivos policiales provinciales en menos de un año. El investigador del CONICET Santiago Galar señaló que la tasa de suicidios en fuerzas federales duplica la de la población general. En Entre Ríos, la situación alcanzó el umbral legislativo: la diputada provincial Silvia Moreno presentó un pedido de informes para conocer las cifras oficiales de suicidios en la Policía provincial entre 2023 y 2026. El punto de partida es un dato lapidario: Entre Ríos registra una de las tasas de suicidio más elevadas del país, con 19,8 muertes cada 100.000 habitantes en 2024, cifra que casi duplica el promedio nacional de 9,8.
La obra social disuelta, los sueldos en caída y la ausencia de dispositivos de salud mental configuran un riesgo para los involucrados y para la sociedad, potenciado por la decisión de promover la portación de armas entre uniformados a toda hora, incluso cuando realizan tareas adicionales -como choferes o custodios- para completar el ingreso mensual. La instrucción -promovida por el marketing punitivo de la Doctrina Chocobar que impulsa Patricia Bullrich- multiplicó los daños y las víctimas fatales ejecutadas con armas reglamentarias disparadas por uniformados fuera de servicio.
La ministra sin tropa
En los pasillos de las fuerzas y en las redes sociales circuló con fuerza, durante los días previos a la protesta, una frase que condensa el malestar: "Teléfono para Monteoliva". La expresión tiene trasfondo político: la ministra no tiene interlocutores válidos debajo de la cúpula. Las fuerzas federales no están sindicalizadas, y la negociación requiere un canal de diálogo que la gestión no logró construir.
No es la primera vez que Monteoliva enfrenta rebeliones de las fuerzas que debería conducir. En septiembre de 2013, el entonces gobernador cordobés José Manuel De la Sota la designó al frente de la Secretaría de Seguridad provincial tras un escándalo por narcotráfico que involucró a policías. Tres meses después, la policía de Córdoba se acuarteló para exigir mejoras salariales. El resultado: centenares de saqueos, linchamientos entre vecinos y dos muertos. Monteoliva renunció en diciembre de ese año. Trece años después, está sentada en el mismo sillón que Patricia Bullrich dejó caliente, y la historia amenaza con repetirse a escala federal.
La batalla de las selfies
La interna que fracturó la cadena de mando en Seguridad tomó estado público con una imagen publicada en redes sociales el Jueves Santo: Monteoliva junto a Karina Milei en lo que la ministra presentó como una reunión de trabajo. "Este Jueves Santo, con Karina Milei, nos reunimos para seguir avanzando en una agenda de seguridad y orden", escribió en X. La foto llevaba carga venenosa. Ese mismo día, en el acto conmemorativo por la guerra de Malvinas realizado en la Plaza San Martín de Retiro, Bullrich brilló por su ausencia. No fue un olvido: no la invitaron. Las invitaciones las gestiona el equipo de ceremonial y protocolo de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei, con quien la exministra mantiene una relación deteriorada desde hace meses. Horas después del acto que Bullrich no pudo presenciar, apareció la foto de Karina y Monteoliva. El mensaje era legible para cualquier observador del ecosistema libertario: la sucesora ya no le pertenece a la mentora.
La disputa en Seguridad creció al calor de los recelos de El Jefe. Desde noviembre, el gobierno había anunciado que Diego Valenzuela —exintendente de Tres de Febrero, primero del PRO en afiliarse a La Libertad Avanza y hombre de confianza de Bullrich— asumiría la conducción de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria. El decreto nunca apareció. En enero de 2026, Monteoliva aún sostenía públicamente que la "intención" era incorporarlo. En marzo, el asunto se cerró: Valenzuela asumió su banca en el Senado bonaerense, resignado a construir desde la provincia. El argumento oficial fue escueto: "No hay plata para estar sumando gente y recursos". En el gobierno reconocen, con menos pudor, que Monteoliva "pisaba el documento" desde el principio. El exintendente pretendía una agencia con estructura robusta y Policía de Migraciones propia, de alcance similar a la ICE estadounidense. Monteoliva diseñó un organismo sin competencias que pudieran hacerle sombra.
La relación de Bullrich con Karina venía tensándose desde la exitosa temporada de sesiones extraordinarias. La senadora subió el perfil, se filmó en el recinto como protagonista de las victorias parlamentarias —la reforma laboral entre ellas— y acumuló exposición que, puertas adentro de la Casa Rosada, resultó insoportable. La lectura palaciega es que Bullrich no solo tiene agenda propia: llegó a superar en imagen al presidente, lo que en el mundo libertario es una falta fatal. La reacción de los Menem -brazo ejecutor de El Jefe- fue discreta pero elocuente: dispusieron que los proyectos centrales de La Libertad Avanza comiencen a tramitarse en el Senado, y no en Diputados, para que la celebración de los triunfos legislativos no le caiga en las manos a la presidenta del bloque. El proyecto de reforma del Código Penal comenzará a debatirse a finales de abril en la Cámara Alta.
Herencia que quema
La gestión que dejó Bullrich no fue austera. Entre marzo y diciembre de 2024, el ministerio bajo su conducción gastó más de $56.000 millones en municiones, gases lacrimógenos, equipos antidisturbios y vehículos mediante contrataciones directas. El detalle del arsenal adquirido incluye más de 6,4 millones de municiones, 6.000 gases lacrimógenos, casi 11.000 pistolas y escopetas, cerca de 20.000 chalecos antibalas, 302 camionetas patrulleras, 81 motos y 69 drones. También contrató una consultora para monitoreo de medios por más de 16 millones de pesos. El historial de su primera gestión, durante el gobierno de Macri, no fue diferente: la Auditoría General de la Nación detectó sobreprecios que llegaron a quintuplicar los valores estimados. El informe de la auditora María Graciela De la Rosa reveló pagos de 35 millones de dólares a la empresa israelí IAI ELTA por un sistema de vigilancia fronteriza cuyo costo había sido valuado en una fracción de eso. La compra de cuatro lanchas Shaldag representó, según cálculos de la Universidad de Buenos Aires, un sobreprecio del 138%.
Monteoliva heredó esa caja, ese arsenal y esa lógica. Y la desplegó con su propio estilo: más redes sociales, más escenografía, más xenofobia. Cada operativo se transforma en contenido. La ministra está convencida que su capital político -sueña con una candidatura mediterránea- no se construye en las negociaciones con los jefes de las fuerzas, que no logró encauzar, ni en los decretos que no firma para no darle espacio a los aliados de Bullrich. Se construye en los videos que la muestran implacable con los migrantes y los manifestantes.
Los planes de la ministra anidan una contradicción que se manifestó en el Centinela: el ajuste fiscal del gobierno Milei comprime los ingresos de las fuerzas de seguridad al mismo tiempo que las necesita disponibles y obedientes para contener el conflicto social que ese mismo ajuste genera. Con un problema adicional: el procesamiento de policías y gendarmes por acciones represivas, y la viralización de los hechos de corrupción que se multiplican en el gobierno, esparcieron entre los uniformados la sospecha de que existe una élite que disfruta del ajuste que los manda al muere.
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