Recorte feroz en el organismo que ganó el juicio por YPF

El triunfo de la Argentina en el juicio que se llevaba adelante en tribunales de los Estados Unidos por la expropiación de YPF será difícil de emular en el futuro. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei se avanzó con un recorte feroz en la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el cuerpo de abogados encargados de la defensa del Estado nacional, dentro y fuera del país. 

El ajuste incluyó la desvinculación de más de un 30% de su personal, una poda salarial de entre el 35% y el 70% y la eliminación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), en la que se especializaban los profesionales del organismo. El Gobierno quiere desarmar la defensa del Estado y dejar a la Argentina en la total indefensión, denuncian cuadros técnicos y trabajadores del organismo que dialogaron con El Destape.

Las consecuencias del deterioro de la defensa del Estado podrían sentirse en las cuentas públicas en los próximos años. La Argentina todavía enfrenta juicios internacionales por más de US$8000 millones. El país tiene seis demandas abiertas en el CIADI y otros frentes abiertos en tribunales de otros países por temas diversos: la estatización de Aerolíneas Argentinas, el caso del cupón PBI y un remanente de fondos buitres por el default de 2001.

La salida más notoria de la PTN fue la de Mariana Lozza, directora nacional de Asuntos y Controversias Internacionales. Se fue en noviembre del año pasado, justo después de participar de la audiencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que derivó en el fallo favorable a la Argentina. Con ese broche de oro, puso fin a una carrera de 15 años en la PTN. En 2024, le habían recortado más de un 35% de su salario, al igual que a muchos otros profesionales del organismo.  

“La verdad es que es difícil para quienes ejercemos la función pública mantenerse en un puesto que tiene muchas responsabilidades, mucha dedicación, esfuerzo propio y de la familia, y que el sueldo no acompañe -contó Lozza esta semana, en declaraciones a Radio Con Vos-. Venían tiempos difíciles en los salarios y hubo una medida en el Ministerio de Justicia, que impactó en la Procuración, con una reducción de muchos de nuestros sueldos y se me hacía difícil llegar a fin de mes.”

La medida que redujo el sueldo de buena parte de los trabajadores del Ministerio de Justicia y de la PTN la tomó a fines de 2024 el entonces ministro, Mariano Cúneo Libarona. Decidió cortar el adicional salarial que provenía de lo recaudado por los llamados entes cooperadores, entre ellos, la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina (Acara). 

Es una caja que durante décadas financió al Ministerio de Justicia. Hoy se sigue recaudando recursos de seis entes cooperadores, pero los fondos ya no van a complementar el sueldo de los trabajadores en general, a los que se les dio a elegir entre un retiro voluntario o un recorte salarial que, según el nivel de cada uno, osciló entre el 35% y el 70%. En la PTN, la poda salarial produjo una reducción del personal que a mitad del año pasado era del 20% y que en la actualidad supera el 30%, según fuentes del organismo. 

“Los mejores cuadros se están yendo y los que quedaron están muy desmoralizados. Con sueldos tan bajos es difícil motivar a los equipos”, contó un funcionario que conoce el clima interno en la PTN. “La sensación es que quieren desarmar la defensa del Estado”. agregó.

Otro capítulo importante en el desguace de la PTN fue el cierre de la ECAE, dispuesto a mitad de 2025, como parte de un rediseño de la Procuración que llevó adelante el entonces titular del organismo, Santiago Castro Videla, reemplazado este año por Sebastián Amerio. El propio Castro Videla daba clases en el ECAE pero era mal visto por muchos profesionales del organismo. La razón: Alberto Bianchi, su socio en la actividad privada, fue testigo del fondo Burford, en el proceso por la expropiación de YPF.   

Con una maestría en derecho público y cursos de especialización, la ECAE formaba a unos mil abogados estatales todos los años. La escuela fue reemplazada por el Cefap, Centro de Fortalecimiento para la Abogacía Pública, donde se brindan charlas y conferencias pero ya no estudios de posgrado. 

“Es sumamente grave. Es como si la Cancillería cerrara el ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación). Es un mensaje de que ahora al Estado no lo va a defender nadie”, dijo Guido Croxatto, director de la escuela durante el gobierno de Alberto Fernández. 

Croxatto habló con El Destape desde México, donde asistió para dar una charla en el Consejo Nacional de Derechos Humanos. “La lógica de esta gestión es un Estado cada vez peor defendido. La verdadera disputa es con las universidades privadas, que con el buen funcionamiento de la ECAE perdían estudiantes de derecho administrativo”, agrega.