A sesenta años de la Resolución 2065: Malvinas y la disputa por un proyecto de país soberano frente a la entrega planificada

Seis décadas atrás, nuestro país obtuvo una victoria diplomática en torno a la Cuestión Malvinas cuyos alcances iluminan hoy la imperiosa necesidad de dejar de lado la política de entrega planificada que impulsa el gobierno de Javier Milei y de desplegar una política exterior soberana, orientada a la defensa del interés nacional y en consonancia con las mejores tradiciones históricas de la diplomacia argentina.

Nos referimos, puntualmente, a la Resolución 2065, adoptada el 16 de diciembre de 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoció explícitamente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, la caracterizó como una situación colonial e instó a las partes a encontrar una solución pacífica. A partir de entonces, las Islas Malvinas quedaron incorporadas al proceso global de descolonización promovido por la ONU y el asunto se consolidó como un diferendo a ser resuelto en el marco de la institucionalidad multilateral.

Ese hito histórico adquiere una relevancia particular a la luz del presente. No se verá esta semana, ni este mes, ni se ha visto a lo largo de este año ninguna acción concreta y sustantiva por parte del gobierno de Javier Milei en relación con el sexagésimo aniversario de la Resolución 2065. No es casual. El silencio frente a los ejercicios militares británicos, las provocaciones diplomáticas y los avances materiales en el Atlántico Sur expresa una orientación de política exterior que relega deliberadamente la Cuestión Malvinas y confirma la política de desmalvinización que el gobierno libertario sostiene desde el primer día.

Cabe recordar que, a partir de la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas y la expulsión por la fuerza de las autoridades argentinas en 1833, se produjo el desmembramiento del territorio nacional. Dicha ocupación, inscripta en el interés estratégico del Reino Unido por establecer posiciones de control en el extremo sur del continente americano y en la Antártida —un espacio donde confluyen los océanos Atlántico y Pacífico y por donde circulan rutas marítimas clave para el comercio global— cercenó el derecho inalienable del pueblo argentino a decidir libremente su destino sobre una parte constitutiva de la Nación.

Desde entonces, la Argentina ha sostenido la reivindicación de Malvinas mediante protestas diplomáticas formales, reclamos persistentes y gestiones continuadas. En rigor histórico, la defensa de la integridad territorial constituyó desde el inicio de la disputa una dimensión central de la soberanía argentina. Los ejemplos abundan. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, por caso, la ocupación británica de las Islas Malvinas fue objeto de protestas diplomáticas, bajo una concepción del territorio nacional que integraba de manera explícita el espacio marítimo y austral. Esa política expresó una comprensión temprana del valor estratégico del Atlántico Sur y de las Islas como parte inseparable del cuerpo territorial argentino, aun frente a las profundas asimetrías de poder existentes con las potencias imperiales de la época.

Con el avance del siglo XX, la Cuestión Malvinas expresó, además, una concepción de la soberanía asociada al desarrollo nacional y a la proyección internacional. Bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, por ejemplo, el reclamo fue sostenido como parte de una política exterior activa, con presencia en foros regionales e internacionales, con planteos explícitos contra el colonialismo residual en América y con la decisión de mantener a Malvinas como una cuestión viva en la agenda diplomática argentina, articulada con la Antártida y el Atlántico Sur como espacios nodales.

Esa línea fue retomada y profundizada a partir de 2003. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la Cuestión Malvinas recuperó centralidad política y densidad estratégica. Se abandonó la lógica de congelamiento heredada de los años noventa y se reinstaló un reclamo activo frente al Reino Unido. Se suspendieron los mecanismos bilaterales que consolidaban el statu quo, como los comités de cooperación en materia pesquera en el Atlántico Sur. Se promulgaron leyes que habilitaron sanciones contra la explotación ilegal de hidrocarburos y contra la pesca no autorizada en la zona en disputa. Al mismo tiempo, se desplegó una intensa campaña diplomática para reconstruir y ampliar los apoyos regionales y multilaterales, movilizando respaldos en América Latina y el Caribe, en África y en Asia, y reinstalando a Malvinas como una causa central de descolonización en el sistema internacional.

Lamentablemente, los gobiernos de Mauricio Macri y de Javier Milei representan una inflexión regresiva en esta larga historia. La gestión de Cambiemos apostó a una lógica de acercamiento unilateral al Reino Unido que debilitó el reclamo soberano, relativizó la centralidad de Malvinas en la agenda externa y habilitó entendimientos funcionales a la conectividad, la explotación de recursos y la normalización de la situación colonial. Pero es bajo la administración Milei que ese giro adquiere ribetes vergonzantes. La firma del comunicado Mondino – Lammy, en particular, inauguró una etapa en la que el gobierno argentino optó por diluir el peso de la disputa de soberanía en nombre de una supuesta ´normalización bilateral´. A ese gesto se sumó la invitación al ex primer ministro Boris Johnson al balcón de la Casa de Gobierno, una escena patética que funcionó como señal explícita de condescendencia hacia la potencia ocupante.

En este mismo escenario, no sorprenden los anuncios recientes sobre una eventual visita al Reino Unido para abrir instancias de diálogo que, deliberadamente, excluyen la cuestión de la soberanía y se presentan bajo el pretexto de “destrabar el embargo británico a la provisión de armamento” con componentes de ese país. El problema no es solo el contenido de esa agenda, sino la pregunta que deja abierta: si la Argentina ha demostrado que puede acceder a sistemas de defensa por otras vías sin necesidad de concesiones políticas, ¿qué es lo que el gobierno de Javier Milei pretende negociar en Londres? ¿O será que no pueden confesar que lo que buscan ofrecer es una mayor colaboración política para facilitar la consolidación de la ocupación británica en el Atlántico Sur?

Para colmo de males, el derrotero regresivo conoció en estos días un nuevo punto de inflexión. El anuncio de inversiones de las compañías Rockhopper y Navitas, firmas de capitales británicos e israelíes respectivamente, para la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa constituye un avance directo sobre recursos naturales que pertenecen a todos los argentinos y argentinas. Frente a ese hecho, la reacción del Estado nacional se limitó hasta el momento a un comunicado discreto de la Cancillería, insuficiente frente a la gravedad jurídica, política y estratégica de la situación. Tampoco es casualidad. La “defensa” de Malvinas en clave libertaria sólo se asemeja a un simulacro.

No debemos perder de vista, a estas alturas, que los efectos de la política de Milei hacia Malvinas no son inocuos. Mientras el Reino Unido ha reducido los costos materiales y reputacionales de la ocupación, fortaleciendo su industria pesquera, turística e hidrocarburífera y enviando una señal clara a empresas y terceros países sobre la viabilidad de hacer negocios en Malvinas, nuestro país ha erosionado los respaldos regionales y multilaterales construidos durante décadas, debilitando su capacidad de disputar legitimidad en los foros internacionales y diluyendo una causa que había logrado sostenerse como política de Estado.

Ante este sombrío panorama y a sesenta años de la Resolución 2065, el desafío vuelve a plantearse con claridad. Resulta urgente recuperar una política activa que contemple acciones bilaterales y multilaterales para multiplicar apoyos, incluyendo una campaña diplomática global de concientización sobre los derechos de soberanía de nuestro país. Adicionalmente, es preciso relanzar la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) y dotarla de una estructura permanente, realizar auditorías y relevamientos sistemáticos de la actividad pesquera y petrolera en la zona en disputa, y presentar las denuncias correspondientes ante foros internacionales como el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, por explotación ilegal de recursos que pertenecen a todos los argentinos.

El relanzamiento del Programa Pampa Azul también es central para articular ciencia, tecnología, soberanía marítima y presencia estatal efectiva en el Atlántico Sur. Esta agenda debe completarse, a su vez, con la decisión estratégica de integración del Atlántico Sur como espacio geopolítico prioritario. El fortalecimiento de los lazos con Brasil, Uruguay y con los Estados del África austral ribereños del Atlántico Sur responde a la necesidad de construir un eje Sur-Sur autónomo que dispute conectividad, seguridad y gobernanza en un área clave del sistema internacional.

En tiempos aciagos, la hora demanda reconstruir una estrategia nacional con Malvinas como punto central de anclaje colectivo, sin olvidar nunca que la memoria de los caídos y el reconocimiento a los excombatientes forman parte inseparable de esta causa nacional. Desde la provincia de Buenos Aires redoblaremos el compromiso para que, desde el 10 de diciembre de 2027, la Cuestión Malvinas vuelva a ocupar un lugar de primer orden en la agenda nacional, como objetivo estratégico compartido por todas las fuerzas comprometidas con la defensa de la soberanía, con propuestas sólidas, con ideas capaces de avanzar en el reclamo y con la convicción de que ninguna potencia imperial va a arrebatarnos nuestros derechos y destino.