El pasado miércoles 24 de diciembre las consejeras del órgano electoral hondureño (CNE), Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López Osorio, junto al consejero suplente, Carlos Enrique Cardona, oficializaron el resultado que nombra a Nasry Asfura Zablah como Presidente electo de Honduras para el período 2026-2030.
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La proclamación ocurrió en la víspera de navidad, con unas 10 mil actas señaladas por inconsistencias, más de 288 impugnaciones irresueltas y una negativa a realizar un recuento de votos, además de no contar con el consenso de los tres consejeros titulares del órgano electoral, ante la ausencia de Marlon Ochoa, quien venía denunciando irregularidades en el proceso electoral.
Rápidamente el gobierno de EEUU, a través del Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, la Unión Europea y los gobiernos latinoamericanos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana además del recientemente electo presidente en Chile, José Antonio Kast, y el conocido grupo político Libertad y Democracia, integrado por expresidentes de derecha como Mauricio Macri, Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile) reconocieron y saludaron dicho triunfo. Sorprendentemente, se sumó a este coro el gobierno de Yamandú Orsi, de Uruguay.
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De esta manera se consumó en Honduras lo que miembros del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), venían denunciando como un el golpe electoral. El tercer candidato en competencia del Partido Liberal, Salvador Nasralla quien se encontraba segundo en cantidad de votos, rechazó también, de manera enfática, la declaratoria oficial de los resultados.
“Quien nada debe, nada teme”, dijo en un mensaje audiovisual publicado en X, en el que instó a Asfura a ordenar un recuento de votos, tal como venía demandando desde la publicación de los primeros resultados de los conteos. En una conferencia de prensa el candidato afirmó que no aceptaba los resultados y evaluó que “no se debió dar un resultado sin contar todos los votos”.
“El CNE, atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del 'presidente electo' es un fraude y una imposición extranjera”, declaró la candidata oficialista, Rixi Moncada, quien exigió también una profunda investigación sobre la información que salió a la luz, mediante audios grabados, en la previa del proceso electoral. Por su parte, la presidenta Xiomara Castro aseveró que se mantendría en su cargo, tal como manda la constitución, hasta el 27 de enero.
Las elecciones hondureñas del 30 de noviembre no solo estuvieron atravesadas por irregularidades operativas: llegaron marcadas por una trama política que, semanas antes, ya anticipaba un proceso viciado. En medio de denuncias y hallazgos técnicos, Honduras enfrentó un escenario que combinó fraude, injerencia extranjera y la reactivación de viejas estructuras de poder.
La denuncia de la presidenta Xiomara Castro fue contundente tras la votación: consideró que el proceso electoral estaba viciado de nulidad y denunció un intento de "golpe electoral" qué contó con la intervención del Partido Nacional de Asfura y de actores extranjeros, entre ellos el gobierno de Estados Unidos.
“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño diciendo que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, dijo Castro durante un acto público en Olancho.
Las acusaciones de fraude fueron apoyadas por el ex presidente Manuel “Mel” Zelaya, quien demandó que se contaran todas las actas voto por voto, en un intento de defender lo que consideraba la voluntad popular, mientras el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Partido Libre, Marlon Ochoa, reveló un escándalo aún mayor: el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) había sido manipulado. En este contexto, Libre pidió el viernes 5 de diciembre la nulidad de los escrutinios realizados en las más de 19.000 juntas receptoras de votos.
A estas denuncias se sumaron luego las del candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla. El 9 de diciembre, los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,40% de las actas procesadas, dieron al econservador Nasry Asfura una ligera ventaja de poco más de 40 mil votos sobre el candidato presidencial del Partido Liberal. Nasralla afirmó ante la prensa que Honduras enfrenta “un fraude monumental” y exigió un escrutinio especial "acta por acta".
El jueves 12 de diciembre, el parlamento hondureño se sumó a las denuncias y rechazó los resultados: “Denunciamos la existencia de un golpe electoral en curso, materializado mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la integridad, transparencia y legitimidad del proceso electoral celebrado en el país”, indicó la Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras en un comunicado. Por su parte la OEA y la Unión Europea instaron a respetar el proceso.
En los días previos a las elecciones, el consejero electoral por LIBRE, Marlon Ochoa, había presentado 26 audios ante el Ministerio Público. Allí se exponía un plan para desacreditar y manipular el sistema de transmisión de resultados (TREP), revelando empresas fachada, intentos de controlar el flujo de datos y estrategias para fabricar una crisis poselectoral. Era la señal más temprana de que el proceso estaba intervenido desde adentro.
A su vez, el Consejo Nacional Electoral exhibía fracturas internas que evidenciaban coordinación entre las consejeras del bipartidismo tradicional y operadores del Partido Nacional, de Nasry Asfura. Libre denunció que el CNE era incapaz de garantizar transparencia y que el TREP había sido diseñado para fallar.
Trump entra en escena
El presidente estadounidense Donald Trump se convirtió en actor activo del proceso electoral hondureño: brindó apoyo explícito al candidato nacionalista Nasry "Tito" Asfura y advirtió que habría “graves consecuencias” si el resultado no lo favorecía. No fue solo un gesto político: Trump condicionó la cooperación económica con Honduras -en un país donde casi el 30% del PIB proviene de remesas- y llamó a la OEA a “contener manipulaciones”, alineándose sin matices con el Partido Nacional.
El gesto más contundente ocurrió en la víspera de la elección: Trump indultó a Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente hondureño, condenado en EE.UU. por traficar más de 400 toneladas de cocaína. La liberación de JOH, padrino político del Partido Nacional y figura central de su estructura, fue interpretada como un mensaje inequívoco: Washington respaldaba la restauración del viejo régimen. Senadores y congresistas demócratas denunciaron públicamente la maniobra como un “acto de corrupción y anarquía”.
Con ese indulto, la contienda dejó de ser meramente electoral: se transformó en una operación política internacional con un objetivo claro, reinstalar el proyecto de poder de JOH a través de Asfura.
El día de la elección: fallas, violencia y un TREP manipulado
El 30 de noviembre las señales se confirmaron. El Sistema de Emergencias 911 registró 892 delitos electorales: intimidación, compra de votos, sabotaje y presencia del crimen organizado custodiando centros de votación. Según su directora, grupos armados se llevaron urnas “antes, durante y después”.
Horas después, el CNE anunció la caída del TREP. Ochoa reveló que el sistema fue abierto, modificado y vuelto a sellar, violando la ley electoral. Más del 86% de las actas procesadas presentan inconsistencias entre biométricos y datos transmitidos. Hay saltos de casillas, bases de datos que no coinciden y más de 7.000 actas pendientes de procesamiento.
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En este contexto, la presidenta Xiomara Castro denunció un “golpe electoral en curso”, evocando los fraudes de 2013 y 2017, y el golpe de Estado de 2009 contra Mel Zelaya. Las estructuras que entonces consolidaron un modelo narcoestatal -con JOH como figura central-parecen reactivarse hoy con apoyo externo y una ingeniería de datos que buscó imponer a Asfura.
El anunciado “asesinato a la voluntad popular”, tal como lo nombró el Consejero Electoral Marlon Ochoa, puso en evidencia la relevancia geopolítica del proceso electoral hondureño, en un tablero latinoamericano que se está re organizando en la región, en favor de un bloque que responde de manera automática a la actualización de la Doctrina Monroe que EEUU lleva adelante.
A nivel local la disputa se resuelve en detrimento de un proyecto de refundación y en favor del retorno de una estructura que gobernó más de una década con prácticas autoritarias y vínculos criminales.
Es importante retomar que el gobierno de Xiomara Castro llegó a Honduras parido por el proceso de resistencia al Golpe de 2009, que buscó truncar la integración del proyecto político que encabezaba en ese entonces Mel Zelaya, al bloque del Alba conformado principalmente por Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Luego de reñidos intentos en medio de procesos fraudulentos Xiomara Castro logró la investidura y retomó el proceso de refundación hondureño, logrando significativos avances en la reducción de la pobreza y la realización de políticas redistributivas y obras de infraestructura.
La trayectoria histórica hondureña revela cuán atrás está arraigada la disputa que se dirime hoy no solo en el país centroamericano sino en la región, objeto, particularmente este año, de la actualización de la doctrina estadounidense, dirigida a recuperar el control sobre estos territorios, con asuntos como la lucha contra el narcotráfico, la migración y la guerra arancelaria, como instrumentos de coerción. La situación en Honduras trae consigo un nuevo capítulo del síntoma de época en el que la democracia, sobre todo la liberal, muestra sus límites, en un contexto de crisis y guerra total contra los sectores populares. Mientras se degrada como proyecto capaz de ofrecer igualdad y justicia se convierte en un concepto abstracto, un valor a utilizar por las élites locales y globales, dispuestas a invocar o asesinarla, según le sea útil.
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