El pasado domingo 30 de noviembre, más de 6 millones de hondureñas y hondureños acudieron a las urnas, en medio de operaciones del bipartidismo de derecha aliado al gobierno norteamericano, dirigidas a intervenir los resultados. Un proceso en el que el presidente estadounidense, Donald Trump decidió actuar de manera explícita, para direccionar el resultado a favor del Partido Nacional (PN).
En ese contexto, Honduras puso en juego la posibilidad de profundizar el ciclo de transformación estructural iniciado por el gobierno de Xiomara Castro. Bajo su mandato, se lograron avances significativos en áreas como reducción de la pobreza, aumento de la seguridad, ampliación del derecho a la educación, la salud y políticas sociales, luego de 12 años del fraudulento gobierno del ex presidente Juan Orlando Hernández (PN) que terminó condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.
El sistema de Transmisión Rápida de Resultados Provisorios (TREP) que se conoció esa noche fue un componente vital en el proceso de lo que el oficialismo denominó terrorismo electoral, perpetrado por el Partido Nacional. Además, el Sistema Nacional de Emergencias 911 reportó 892 delitos electorales: intimidación, compra de votos, sabotaje y presencia del crimen organizado en centros de votación. Según su directora, Miroslava Cerpas, grupos armados se apoderaron de urnas antes, durante y después de la elección, particularmente la mara MS13.
Los candidatos que las encuestas posicionaron en un escenario de tres tercios fueron Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry "Tito" Asfura. Moncada, heredera del proceso de refundación y recuperación democrática iniciado por Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación, se presentó como la continuidad del proyecto popular, prometiendo fortalecer políticas sociales y democratización de la economía, capturada por 10 familias oligárquicas. Salvador Nasralla, del Partido Liberal, buscó distanciarse del gobierno actual y enfocar su campaña hacia una alianza con Estados Unidos, mientras que Nasry Asfura del Partido Nacional intentó recuperar la confianza tras escándalos de corrupción que han marcado a su partido. Y fundamentalmente, contó con la venia trumpista que se tradujo en un posteo del mandatario llamando a votar por él, afirmando que su victoria era la única garantía de financiamiento internacional.
A escasos días de los comicios, Donald Trump realizó un posteo en su red Truth Social, en el que manifestó que en Honduras la democracia se encontraba "en tela de juicio" y mencionó la necesidad de evitar que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tomara el control del país.
"Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño", expresó y agregó que Asfura "defiende la democracia y lucha contra Maduro". No es menor el control territorial de la base militar de Palmerola, la más grande de Centroamérica, que la imposición de Asfura le permitiría a EEUU, en su ataque militar a la república bolivariana y países de la región.
Durante la campaña el gobierno, con minoría en el CNE, en el poder legislativo, el judicial y el mediático, denunció en reiteradas ocasiones intentos de desestabilización por parte de sectores de la derecha, que organizaron maniobras para desacreditar el proceso electoral, incluyendo la manipulación mediática y la búsqueda de apoyo externo para presentar un relato de crisis y en caso de no lograr su cometido con Asfura, promover un nuevo llamado a elecciones en seis meses.
Funcionarios y misiones estadounidenses como Christopher Landau, subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe, fueron parte de la operación, con declaraciones públicas sobre "su preocupación por la integridad electoral". Desde el Congreso se organizaron audiencias sobre Honduras, y hubo intentos de actores opositores hondureños de buscar respaldo en Washington.
En octubre, Marlon Ochoa, consejero secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Partido Libre presentó ante el Ministerio Público 26 audios como prueba de un plan para desacreditar y boicotear el proceso y, eventualmente, desconocer resultados. Allí se habla de "empresas fachada" para el contrato del TREP y de intentos de controlar la transmisión de datos para generar una crisis de legitimidad post-electoral. En tales audios, la consejera Cosette López del Partido Nacional, el jefe de bancada del partido y miembros activos de la oficialidad de las Fuerzas Armadas de Honduras se evidencian implicados en teatro de operaciones.
Por estos días, se siguen conociendo audios que están siendo investigados mientras el Congreso Nacional denuncia públicamente la ruptura de las garantías democráticas en los comicios y la presidenta Xiomara Castro afirma que el proceso está viciado de nulidad, señalando injerencia extranjera y manipulación en el conteo de votos por parte del Partido Nacional y sus aliados. Por su parte,el expresidente Manuel 'Mel' Zelaya, llamó a movilizaciones y reclamó que se cuenten todas las actas voto por voto, defendiendo la voluntad popular y advirtiendo sobre ingeniería política para imponer al candidato del partido Nacional, Asfura.
Salvador Nasralla, del Partido Liberal, afirma ser el ganador, exigiendo el recuento televisado de las 19.167 actas en juego. Si bien la justicia electoral tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar un ganador, al PN le urge consumar lo que desde el Partido Libre denominan golpe.
Los acontecimientos sugieren que las élites locales y sus aliados internacionales no parecen dispuestas a aceptar con facilidad los mecanismos formales de la convivencia democrática, anticipando un periodo de inestabilidad y conflictividad política y económica que exigirá nuevas formas de organización y respuesta social.
Cerrar sesión