Greenpeace apuntó contra Melella y los legisladores que habilitaron las salmoneras: "Regresión ambiental"

La modificación de la Ley 1355 fue sancionada entre polémicas en Ushuaia. Desde la organización ecologista advirtieron que la medida representa un "riesgo significativo de contaminación para los ecosistemas marinos". Cuáles son los principales daños ambientales denunciados. 

18 de diciembre, 2025 | 15.48

En una polémica decisión que preocupa a activistas ambientales, la Legislatura de Tierra del Fuego modificó la Ley provincial N.º 1355 y que habilitó la cría industrial de salmones en jaulas, una actividad que estaba prohibida hasta comienzos de esta semana en la provincia más austral del país. Esta decisión generó el rechazo inmediato de Greenpeace, que calificó la medida como "un nuevo retroceso ambiental en la Argentina".

Este lunes, se aprobó la iniciativa liderada por el ex legislador provincial libertario Agustín Coto del Bloque y continuada por Natalia Gracianía, del mismo bloque. Desde diferentes sectores apuntaron contra el gobernador Gustavo Melella y advirtieron sobre los impactos socioambientales.

Hasta ahora, la norma sancionada en 2021 prohibía la instalación de cualquier tipo de cultivo y producción de salmones en las aguas marinas y de lagos de Tierra del Fuego. Ahora, la prohibición quedó circunscrita específicamente a las aguas del Canal Beagle y se permitirá la actividad en otras zonas por fuera del estrecho. La definición se alcanzó por mayoría simple y reflejó un escenario político dividido: los cambios se aprobaron por la mínima diferencia, con ocho votos a favor y siete en contra. El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF) Pablo Villegas, calificó la ley de “inconstitucional” y dejó entrever la posibilidad de que sea objeto de revisión judicial.

Acompañaron el proyecto sancionado en Ushuaia los legisladores Juan Carlos Pino y Virgilio García (PJ); Federico Greve (FORJA); Myriam Martínez (FORJA); Luciano Selzer y Graciania (LLA); Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG), conformando la mayoría necesaria para su aprobación. En tanto, votaron en contra Raúl Von der Thusen y Jorge Lechman (SF); Pablo Villegas y Damián Löffler (MPF); Federico Sciurano (PG); Victoria Vuoto (PJ) y Laura Colazo (PV), quienes alertaron sobre los riesgos ambientales y cuestionaron la falta de consenso social para avanzar con la actividad.

Desde Greenpeace apuntaron contra la sanción: "Lo que alguna vez sentó un precedente histórico en materia ambiental para la Argentina, hoy abre un nuevo capítulo de regresión ambiental", aseguró Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de la organización ecologista. 

El experto agregó que "la evidencia demostró que en zonas donde los salmónidos no son nativos y existen ecosistemas de alto valor y fragilidad como el Mar Argentino, existen graves impactos ambientales que no son posibles de evitar". Según planteó en declaraciones para Noticias Ambientales, la salmonicultura en Tierra del Fuego representa un "riesgo significativo de contaminación para los ecosistemas marinos". 

Ley de Salmoneras: principales daños ambientales denunciados por Greenpeace

  • Afectación de ecosistemas sensibles como pastos marinos y bahías de gran marea.
  • Contaminación de las aguas.
  • Impacto sobre la pesca artesanal y el turismo de naturaleza.
  • Introducción de una especie exótica que generará desequilibrio y pérdida de fauna nativa.
  • Potencial desarrollo de floraciones algales nocivas (fenómeno conocido como marea roja).

Salmoneras: alerta de conservacionistas por la vulneración de principios jurídicos

En línea con Greenpeace, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, que nuclea a más de 30 organizaciones de la región, también denunció la flexibilización de la norma.

Desde el espacio señalaron que la decisión "constituye una regresión ambiental con implicancias profundas". Y apuntaron: "La modificación de la Ley N.º 1.355 implicó una vulneración del principio de no regresión en materia ambiental», destacaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)". 

La organización agregó que la medida supone "un incumplimiento del Acuerdo de Escazú". De esta manera. señaló que este último "exige estándares vinculantes en acceso a la información, participación pública y elaboración de políticas ambientales".

Francisco Viddi, de Fundación Melimoyu de Chile, afirmó que "las aguas de la costa Atlántica de Tierra del Fuego presentan amplitudes de marea tremendamente significativas, una exposición a un oleaje intenso e importantes corrientes". Según remarcó, estas condiciones "hacen técnicamente inviable, o de muy alto costo, la instalación y desarrollo de sistemas de cultivos de salmones y truchas en granjas marinas".