La Justicia federal imputó a E.S.S., una mujer de 60 años que reside desde hace más de tres décadas en Los Ángeles, Estados Unidos, como presunta autora del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. Fue imputada por someter a explotación laboral a una mujer por 22 años: desde 2003 hasta la actualidad.
La víctima, que actualmente tiene 37 años, había sido llevada a Rosario cuando tenía 14 desde la localidad correntina de Tres Bocas, en un contexto de extrema vulnerabilidad social. La promesa era que pudiera estudiar y tener una vida mejor, algo que nunca ocurrió.
La impactante historia salió a la luz el pasado 2 de octubre, cuando las fuerzas de seguridad auxiliaron a la víctima en una casa de barrio Martín, una zona que se encuentra cerca del Monumento a la Bandera. Según reportaron medios locales, era obligada a realizar tareas domésticas y estar al cuidado de personas mayores: solo tenía permitido salir del domicilio para hacer los mandados.
La fiscalía detalló que la mujer trabajó durante más de dos décadas en jornadas completas, sin descansos, vacaciones, aguinaldo ni aportes previsionales. Tampoco tuvo cobertura de salud ni vínculos sociales fuera del domicilio. Informes de ANSES y ARCA confirmaron que la víctima no registraba actividad laboral, cuentas bancarias ni ingresos propios. Solo manejaba dinero para compras vinculadas a la casa.
La acusación fue respaldada por testimonios de vecinos, informes oficiales, peritajes interdisciplinarios y la declaración de la víctima en Cámara Gesell. La audiencia se llevó a cabo el viernes 5 de diciembre ante el juez de Garantías, Román Lanzón, en los Tribunales Federales de Rosario. La víctima estuvo presente, acompañada por defensoras públicas y por profesionales del Área de Atención a Víctimas del Ministerio Público Fiscal, entre ellos una psicóloga y un antropólogo. E.S.S. fue imputada por la fiscal Adriana Saccone, junto a las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos.
El juez Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa y dio por formalizada la imputación, al considerar acreditados los indicadores de explotación y la extrema vulnerabilidad de la víctima. Si bien la fiscalía solicitó la detención y extradición de la acusada, el magistrado ordenó medidas cautelares no privativas de la libertad por un año, entre ellas la fijación de domicilio, firma mensual en el consulado argentino, prohibición de contacto con la víctima y compromiso de no obstaculizar la investigación. La situación de la madre de la imputada, J.E.G.S., continúa bajo análisis y depende de un informe médico para determinar si puede ser sometida a proceso.
Trata de personas en Rosario: detención y continuidad de la causa
De acuerdo a la investigación, en 2003 la víctima fue captada cuando tenía 14 años, tras la muerte de su padre. Su madre, sin recursos para sostener a nueve hijos, autorizó el traslado de su hija mayor a territorio rosarino bajo la promesa de educación y mejores condiciones de vida.
La autorización se realizó mediante un acta notarial que la madre firmó sin saber leer ni comprender su contenido, en una escribanía y sin acompañamiento. La adolescente fue trasladada en colectivo y recibida en Rosario por J.E.G.S., madre de la actual imputada. Desde entonces, fue obligada a realizar tareas domésticas, de mantenimiento, cocina, administración del hogar y cuidado personal, sin recibir salario alguno, a cambio de comida, alojamiento y ropa.
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Según la acusación, la mujer habría continuado la explotación desde julio de 2022 hasta octubre de 2025, cuando reemplazó a su madre en el control total de lo que ocurría dentro del domicilio. Para ello, habría instalado 16 cámaras de seguridad y entregado un teléfono celular a la víctima para impartir órdenes desde Estados Unidos.
Las fiscales señalaron que se trató de un delito de ejecución continuada, con una misma matriz de explotación que se extendió durante 22 años, hasta que la situación fue interrumpida por la intervención de las autoridades. “No solo no hizo cesar el estado de servidumbre, sino que lo continuó y lo perseveró, porque también le generaba un beneficio”, sostuvieron las representantes del MPF durante la audiencia.
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