En medio de la crisis económica, social y fiscal que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego, la mala administración de Gustavo Melella quedó nuevamente expuesta tras un inesperado pedido: el gobernador le solicitó a grandes empresas del polo industrial un adelanto millonario de impuestos que ronda los $20 mil millones para poder afrontar el pago del medio aguinaldo de 16 mil empleados estatales.
En un contexto de caída de actividad, tensión laboral y falta de asistencia nacional por los recortes del presidente Javier Milei, la iniciativa partió directamente del mandatario provincial, quien instruyó al Ministerio de Economía provincial a gestionar un anticipo extraordinario de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos, un tributo que pagan mensualmente las compañías en función del valor de los bienes que salen de la provincia más austral del país.
Desde el Gobierno provincial justifican la medida en la falta de recursos nacionales: aseguran que Tierra del Fuego no recibe Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde hace dos años, que quedaron congeladas partidas para viviendas e infraestructura y que tampoco obtuvieron aval para avanzar con endeudamiento, a diferencia de otros distritos.
Según consignó Infobae, la provincia debió redirigir fondos corrientes para sostener obras públicas y cubrir gastos esenciales. La situación fiscal se ve agravada por un esquema tributario limitado: impuestos como el inmobiliario y el automotor son recaudados por los municipios, y la provincia optó por no aumentar Ingresos Brutos.
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Empresarios advierten que el anticipo impositivo llega en el peor momento posible, con plantas trabajando por debajo de su capacidad, sobrestock de productos y márgenes cada vez más ajustados. Además, en 2024 se aprobó una normativa para reducir progresivamente la carga de la tasa productiva según el nivel de inversiones, lo que achicó aún más la recaudación en un año de baja actividad.
Crisis en Tierra del Fuego: el desesperado pedido de Melella
La provincia reclamó $15.000 millones a las empresas nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) y otros $5.000 millones a la petrolera Total Energies. La propuesta consiste en adelantar pagos futuros del impuesto para reforzar la caja provincial en diciembre, un mes crítico para las cuentas públicas.
En una carta enviada a Afarte, el Ejecutivo solicitó que el anticipo se efectúe antes del 15 de diciembre, aclarando que el dinero sería descontado de obligaciones impositivas de los próximos meses. Hasta el momento, no hubo respuestas formales de las compañías.
El pedido se produce en un momento particularmente delicado para el entramado productivo de la isla. El sector electrónico enfrenta una fuerte caída del consumo interno, una mayor apertura a las importaciones y la reducción progresiva de aranceles, lo que impactó de lleno en los niveles de producción. A eso se suma el vencimiento inminente de un acuerdo laboral clave entre empresas y la UOM, que pone en riesgo entre 800 y 1.000 contratos temporarios.
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