El gobierno de Javier Milei prepara una reforma integral del sistema de inteligencia a través de un decreto que modifica la ley vigente y refuerza el rol de la SIDE. Según indicaron desde Casa Rosada, los cambios en la norma buscan “mejorar la integración, especialización, eficiencia, control y legitimidad” del sistema. Diputados opositores denunciaron que las modificaciones implican “un salto” en el espionaje a opositores políticos, ya que el decreto define como “riesgos” a activistas y periodistas que no comulgan con la ideología oficialista.
De acuerdo a información de Casa de Gobierno a la que tuvo acceso El Destape, la reforma prevé como objetivos centrales “mejorar” la integración del sistema con los “subsistemas criminal, militar y financiero” para eliminar “duplicaciones y superposiciones”. Según los datos difundidos por fuentes oficiales, las modificaciones se proponen también “revalorizar” la inteligencia en el Sector Público Nacional, tanto en su rol de demandante como de productora de información estratégica para políticas públicas.
Entre otros puntos, los cambios que introduce el gobierno de Milei tienen como finalidad “fortalecer” la confianza de la ciudadanía a través de la implementación de “mayores controles legales, presupuestarios y técnicos”. Asimismo, se propone clarificar funciones para asegurar que el sistema “no cumple tareas policiales ni judiciales”, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, entre otros cambios.
Principales ejes de la reforma
La reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa el Gobierno tiene como norte, según las fuentes oficiales, centralizar, ordenar y especializar funciones que hoy aparecen dispersas o superpuestas. El eje estructural de la reforma -siempre según la versión del Gobierno- es la creación de una “Comunidad de Inteligencia”, bajo conducción de la SIDE, que articula de manera permanente a todos los organismos especializados del Estado (económicos, sanitarios, tecnológicos, climáticos, comunicacionales, etc.) y amplía el análisis estratégico más allá del plano estrictamente securitario. En paralelo, dicen desde Rosada, se establece una “Comunidad Informativa”, que incorpora datos producidos por áreas no tradicionales para robustecer la base de información del sistema en un contexto de amenazas complejas y multidimensionales.
Otro punto central, según el Gobierno, es la redefinición de competencias. La iniciativa separa de manera explícita la ciberseguridad –orientada a la protección de redes y sistemas, que quedará bajo un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad en la Jefatura de Gabinete– de la ciberinteligencia, enfocada en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio. A la vez, la Agencia de Seguridad Nacional se concentra exclusivamente en tareas de contrainteligencia, dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad. Esa función queda definida por ley como preventiva y orientada a detectar espionaje, sabotaje e injerencias extranjeras, con un marco normativo actualizado frente a amenazas tecnológicas y de influencia política.
Los libertarios sostienen que la reforma avanza sobre viejos nudos del sistema: se habilita formalmente el apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad a la inteligencia, sin mezclar roles, y se ordena la inteligencia militar mediante la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y la concentración de la producción estratégica en el Estado Mayor Conjunto.
Repudio legislativo
Los argumentos oficiales, sin embargo, no convencieron a la oposición. En redes sociales, varios legisladores ya expresaron su repudio, tanto por el espíritu de la normativa como el momento de su instrumentación. El diputado nacional Jorge Taiana hizo un punteo de sus críticas:
- "Básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer".
- "La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores".
- "En el caso de las FFAA autonomizan la inteligencia del control civil por parte del ministerio de Defensa, disolviendo la Diniem y concentrando el poder en la dirección estratégica militar del EMCO. (Vieja aspiración de la corporación)".
- "A cambio de ganar esa autonomía en Defensa, subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad".
- "Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional , como impulsan desde hace años desde el Comando Sur".
La iniciativa del oficialismo también despertó el repudió del diputado nacional Esteban Paulón, quien afirmó que el inminente decreto define como "riesgos" a opositores, activistas y periodistas, lo que considera una "confesión" de que se usarán recursos estatales para la persecución ideológica, configurando un "Estado Policial”.
Además, Paulón señala que la medida declara "encubiertas" la totalidad de las actividades de inteligencia, lo que elimina la transparencia y convierte al sistema en una "caja negra" financiada con impuestos, sin control real sobre los fondos reservados. En tanto, denuncia que esta medida elimina el control civil sobre la inteligencia militar al darle autonomía al Estado Mayor Conjunto, al tiempo que describe al nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad como un "Gran Hermano".
Por su parte, el legislador de la provincia de Buenos Aires, Christian Castillo planteó que las transformaciones que quiere implementar Milei en la Ley de Inteligencia implican "un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas" y pidió que el eventual decreto sea anulado por el Congreso. Del mismo modo se pronunció el dirigente de la oposición Ricardo Alfonsín, quien sostuvo: "Entre gallos y medianoche, ¡Milei modifica la ley de inteligencia! Más allá de su contenido -que habrá que analizar con detenimiento-, me causa gran preocupación la modificación de la ley de Inteligencia".
En Casa Rosada avanzan con la redacción del decreto y, por ahora, descartan abrir la discusión en el Congreso. Sin embargo, los cambios en inteligencia ya empezaron a convertirse en un nuevo foco de tensión política. El Gobierno insiste en que se trata de una actualización necesaria del sistema, pero la oposición acusa a los libertarios de querer darle "carta blanca" a la SIDE. La iniciativa oficialista vuelve a poner en debate los límites del poder del Estado y el control democrático de los servicios de inteligencia.
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