El 72% de los trabajadores gana un millón de pesos o menos al mes. Es decir, más 7 de cada 10 ganan menos que una canasta de pobreza que hoy se calcula en $1.257.329 para un hogar de 4 integrantes, sin contar alquiler. El dato surge del último informe del Grupo de estudios sobre Movilidad y Desigualdad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani, publicado a principios de la semana donde Javier Milei le puso la firma a su proyecto de Reforma Laboral.
Si bien el presidente prometía que para mitad de 2025 la inflación bajaría del 1% y el año que viene “va a tender a cero”, el mismo día que apuró el pliego de recortes a los derechos laborales el Indec informó que los precios subieron un 2,5% en promedio. El dato muestra que la inflación más bien tiene a alejarse de cero, ya que es el sexto mes consecutivo de aceleración, aún con un índice que tiene 20 años de desactualización. Lo que más incidió en el número de inflación fueron los alimentos, donde destacan los aumentos en la carne, donde el kilo de los cortes más populares ya ronda los $15.000.
Un cálculo rápido revela que esos 7 de cada 10 trabajadores con ingreso máximo de $1.000.000 gana $33.333 por día, un poquito más de 2 kilos de carne. Trabaja y gana 2 kilos de carne por día. No los come: la Argentina está en su mínimo histórico de consumo de carne bovina.
El trabajo del Instituto Gino Germani revela que desde que asumió Milei hay 407.681 asalariados formales menos. En el mismo período aumentaron los asalariados informales en 73.003 y los monotributistas en 137.104. Junto a otros números de menor incidencia, el resultado son 214.174 ocupados menos.
“Esta transformación es estructural: 9 de cada 10 nuevos puestos de trabajo generados en la era Milei son precarios, consolidando una recomposición regresiva del empleo”, explican sus autores Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente. Esas inserciones laborales precarias son, entre otros, los trabajadores de plataformas. Otro informe, en este caso del Instituto Argentina Grande, advierte que la desprotección laboral está en su pico histórico: 44,7%.
A la vez que circulaba la versión definitiva de la Reforma Laboral y se conocía el número de inflación la ahora senadora Patricia Bullrich daba una charla junto a Paolo Rocca en Propyme, uno de los espacios que sponsorea el capo del Grupo Techint. El currículum de Bullrich incluye que fue Ministra de Trabajo del gobierno asesino de Fernando De La Rúa y que en los años del kirchnerismo encabezaba todos los meses la puesta en escena de la “inflación Congreso”. En noviembre de 2015, último mes de CFK como Presidenta, la foto muestra a Bullrich con un cartel de 2,4% de inflación, menos que la que tiene ahora el nuevo gobierno que integra, pero en aquel entonces con las jubilaciones y salarios más altos de la región.
Sentada al lado de Rocca, cuyo delegado en la Secretaría de Trabajo le bloquea la paritaria hace más de 1 año, la senadora Bullrich afirmó: “En la Argentina hoy hay 500 mil personas trabajando en Uber y otras plataformas. No quieren ser empleados dependientes de nadie, quieren ser monotributistas”. La frase solo puede salir de alguien que nunca fue monotributista.
Lo cierto es que en el texto de la Reforma Laboral que el gobierno ingresó por el Senado para que lo impulse Bullrich hay un apartado dedicado a los miles de hombres y mujeres que trabajan como repartidores o choferes a través de aplicaciones. Los tipifican como “prestador independiente de plataformas tecnológicas”, con énfasis en que tienen derecho a usar la APP que quieran, a rechazar un viaje y a recibir una explicación si les limitan el acceso a la plataforma “sin que éstos impliquen un indicio de relación laboral, subordinación o dependencia”.
La Fundación Encuentro confeccionó un coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), que “relaciona el valor que cobra un repartidor por un pedido promedio -sin incluir propinas- en plataformas de delivery con la canasta básica de un hogar tipo (de cuatro integrantes) debe realizar un repartidor para alcanzar distintos niveles de subsistencia y reproducción de la vida cotidiana”. Los datos muestran que un trabajador de APP tiene un pago promedio de $2.554 por pedido y que necesita 461 pedidos para sostener un hogar tipo. Si elige libremente trabajar todos los días son 15 viajes por día, aunque un día entero lo tiene que destinar a pagar el monotributo.
Estas son apenas pinceladas del contexto en el cual Milei propone una Reforma Laboral, más bien una Reforma Empresarial, que en sus 197 artículos no incluye ninguno que mejore ingresos sino más bien busca equilibrar la debacle del mercado interno con reducción de derechos para los trabajadores y de costos para los empresarios, desde los salarios hasta indemnizaciones financiadas por el Estado.
Regresión
El proyecto que envió el gobierno al Congreso pretende desconocer el orden jerárquico de las leyes. La palabra es “prelación”, y en un inciso dice: “Un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior”.
“El antecedente inmediato de esta reforma es el de la ley 25.250 conocida como Ley Banelco que legisló en igual sentido durante los pocos años de su vigencia”, indica un informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD) de la Universidad de San Martin. Aquella ley se logró con el pago de coimas que salían de las catacumbas de la SIDE. ¿Será otra de las maniobras que se repita?
Como en todo, Milei no está solo. Hace unos días la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Reforma Previsional que impuso Mauricio Macri a finales de 2017 y que, en los hechos, bajaba las jubilaciones, es decir, rompía el principio de progresividad de los derechos establecido en la Constitución de 1994. Tuvo el mal tino de hacerlo en un caso donde interviene el Facundo Fernández Pastor, uno de los abogados previsionales más reconocidos del país, que alertó: “Lo bueno de que la Corte Suprema haya dicho hace 5 días que la reforma constitucional de 1994 no existió y que los derechos sociales pueden ser modificados regresivamente sin que ello viole la Constitución, es que el gobierno de Milei y sus aliados parlamentarios van a poder volver al régimen laboral pre-radicalismo y, para Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti va a ser perfectamente constitucional. Igual que para sus pares de 1930 lo fue el golpe de Estado a Yrigoyen”. Al menos lo primero ya tiene impulso con el proyecto presentado por Milei. Si se aprueba, quedará en manos de la Corte convalidarlo frente a la catarata de planteos judiciales que va a recibir.
El proyecto tiene dos ejes claros: beneficios para los empresarios y regresión de derechos para los trabajadores.
Entre los premios para los empresarios figura la baja de contribuciones patronales y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una estatización de las indemnizaciones que pretende tapar el fracaso de los fondos de cese que impulsó Federico Sturzenegger. Como los empresarios les pareció caro poner parte de la masa salarial en un fondo para despidos ahora les condonan contribuciones patronales para que conformen ese fondo. Es decir, el Estado finalmente es el que las paga.
El proyecto incluye también una condonación de cualquier sanción o causa judicial para los empresarios que blanqueen a trabajadores que tenían sin registrar. Una moratoria para negreros. E incluso la posibilidad de que se paguen sueldos a través de billeteras virtuales, un viejo anhelo de Marcos Galperín. Hay que leer la letra chica de Mercado Pago, donde dice que los depósitos en sus cuentas no están garantizados.
Para los trabajadores solo hay motosierra de derechos. El gobierno pretender eliminar la ultraactividad, es decir, que todas las discusiones tengan que empezar de cero cada vez, implementar el banco de horas que elimina las horas extras y a su vez deja el tiempo del trabajador a disponibilidad del empleador (e impulsa, a su vez, una recesión, ya que implica salarios más bajos), eliminar el preaviso para los despidos durante el período de prueba, fraccionar las vacaciones, implementar el salario dinámico (es decir, discrecional), entre otros aspectos.
La iniciativa de Milei también atenta contra las asambleas en los lugares de trabajo, no solo porque las limita sino porque dice que se le recortará el sueldo a los que participen. Y avanza con la prohibición del derecho a huelga al declarar esenciales prácticamente todas las actividades. La idea de que empleador y trabajador negocian libremente entra así en una farsa: ¿qué elemento tiene el trabajador para negociar que no sea retirar su fuerza de trabajo?
Para uno de los sectores más golpeados en la era Milei, las empleadas domésticas, el proyecto plantea ampliar el período de prueba a 6 meses.
Milei decía que quería eliminar el artículo 14 bis de la Constitución, que considera una aberración que sostiene la “justicia social”. Ese artículo dice: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”. Si se aprueba el proyecto que mandó Milei al Congreso lo va a derogar de hecho. Había que tomarlo en serio.
Grandes sí, medianos no
Uno de los argumentos que esgrime el gobierno para esta reforma es que “la combinación de crisis económica, incertidumbre jurídica, altos costos derivados de la litigiosidad y un marco normativo anclado en estructuras propias de una etapa industrial de los años 70 ha generado un estancamiento crónico del empleo formal, dejando a millones de argentinos atrapados en la informalidad con las consecuencias que de ello se deriva para el sector trabajador. Esta realidad ha afectado especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas, que enfrentan mayores costos y obstáculos para expandir su actividad productiva”.
Para paliar esto anuncian y proponen un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que en teoría es el análogo del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases. Pero todo lo que el gobierno entregó en el RIGI falta en el RIMI.
El proyecto dice que el RIMI tendrá dos beneficios:
- Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias
- Devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado
Para los grandes, en el RIGI, ya rige:
- Baja de impuestos a las ganancias del 35 al 25%
- Amortización acelerada
- Utilidades y dividendos pagan 7% de impuestos las ganancias y 0 desde el 3er año
- Sin impuestos ni "comprobación de destino para importaciones
- Importaciones y exportaciones libres sin "precios oficiales ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno"
- A los 4 años no tienen que liquidar ni un dólar de lo que exporten, en algunos casos a partir de los 3 años
- Prohibición de expropiaciones
- Derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase
- Plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto, sin obligación de comercialización en el mercado local
- Estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años
Es fácil encontrar las diferencias. Y los privilegiados.
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