El jueves 18 de diciembre, mientras la CGT movilizaba al Congreso contra la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei tomó una decisión táctica: postergar el debate legislativo hasta febrero. La jugada no fue concesión, fue cálculo. Detrás de la suspensión se esconde una estrategia que apuesta a desgastar la resistencia sindical durante el verano con operaciones mediáticas, acoso económico y persecución judicial a sindicalistas especialmente seleccionados. Y a consolidar apoyos en el ámbito legislativo, donde esta semana quedó expuesta la fragilidad de las alianzas zurcidas con transferencias y traiciones.
Mientras tanto, el proyecto aguardará en los despachos como una bomba de tiempo que redefine el vínculo entre capital y trabajo en favor de los empleadores, trasladando riesgos, costos y responsabilidades hacia quienes viven de su salario.
La reforma laboral que impulsa el gobierno no es un debate abstracto sobre modernización productiva. Es una operación arrasadora de redistribución regresiva del ingreso que inició con la gestión y ya se verifica en las estadísticas del mercado laboral. Los datos del tercer trimestre de 2025 muestran el campo orégano que generó el gobierno para allanar el camino de la reforma: la desocupación bajó al 6,6%, pero la precarización se profundizó. Según el análisis del Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, Luis Campos, el INDEC dio cuenta de un aumento de 238.000 ocupados el último año, pero con un detalle: casi el 85% fueron trabajadores informales, unos 201.000 puestos sin protección laboral. Como señaló Campos, "no hace falta ser brillante para darse cuenta que el desempleo no sube porque los trabajadores salen a hacer lo que sea en el mercado".
La informalidad en el tercer trimestre se ubicó en el 43,3% de los ocupados, los niveles más altos de los últimos dos años. En el caso de los asalariados, la proporción baja al 36,7%, también dentro de las más altas de los últimos años. Pero hay más: el empleo por cuenta propia pasó del 23,3% al 24,5% del total en el último año, el valor más alto de la historia reciente. "El mercado ajusta por calidad, no por cantidad. La tasa de desocupación es un indicador 'antiguo' frente a la 'modernidad' laboral" expresó Campo en su cuenta de X.
Los jóvenes, a quienes el gobierno les habla cuando promociona su “reforma”, constituyen la población más castigada por este modelo. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió que siete de cada diez trabajadores jóvenes del país están en la informalidad. En el segundo trimestre de 2025, la tasa de informalidad en jóvenes entre 16 y 24 años era del 67%, casi 24 puntos porcentuales más elevada que la tasa global. Los hombres jóvenes exhiben la tasa más alta: 67,3%. El estudio también reveló que la informalidad es inversa al nivel educativo alcanzado: entre trabajadores con nivel universitario la tasa es del 17,8%, pero entre quienes no completaron la educación media alcanza el 65,1%. Los trabajadores de menor capital humano experimentan una probabilidad de ser informales cuatro veces más elevada que la de los de mayor nivel educativo.
Los datos del SIPA revelan una destrucción sistemática del empleo formal en sectores clave de la economía. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, la industria perdió 21.190 puestos de trabajo, una caída del 1,8%. Si se amplía la comparación a noviembre de 2023, la pérdida asciende a 47.917 puestos, un descenso del 4%. La construcción fue devastada: perdió 64.115 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, una caída del 14,6%. El comercio mostró un leve crecimiento del 1,4% interanual, con 17.796 nuevos puestos, mientras que el resto de los sectores cayó un 1,7%.
La evolución del salario real muestra otra faceta del ajuste. El salario promedio de los convenios colectivos cayó de un índice 103 en julio de 2025 a 96 en octubre, profundizando una tendencia que viene desde principios de año. Los salarios privados registrados en el SIPA, aunque todavía se ubican por encima de los niveles de noviembre de 2023, cayeron un 0,5% en octubre. Como señala Campos, "por ahora el modelo viene ajustando más por empleo que por salarios. La apreciación del peso ayuda a explicar este comportamiento".
El sector público tampoco escapa al ajuste: los asalariados cayeron de 3.474.700 en diciembre de 2023 a 3.409.000 en septiembre de 2025, una reducción neta de 65.700 puestos. Las trabajadoras de casas particulares constituyen uno de los sectores más golpeados: en lo que va de la gestión de Milei cayeron un 6,5% y contra el máximo de febrero de 2020 —cuando había 500.100 personas empleadas— perdieron un 13,2%, ubicándose en 433.800 ocupadas, los mínimos desde mediados de 2013. El sector privado en general perdió 154.382 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, una caída del 2,4%. Por ahora, advierte Campos, "no hay ninguna señal clara de que el proceso de destrucción de empleo formal iniciado en septiembre de 2023 haya llegado a su fin. Más bien todo lo contrario".
Sobre esa escena catástrofe el oficialismo construyó el relato con el que busca naturalizar bajo un nuevo marco normativo para que el drama de millones de trabajadores sin derechos se vuelva estructural.
La arquitectura de la desprotección
El proyecto que el Gobierno pretende aprobar en febrero contiene modificaciones que desmontan el andamiaje protectorio construido durante décadas.
El proyecto no propone actualización: busca demoler los cimientos sobre los que se construyó la protección laboral en Argentina. La flexibilización se impone como doctrina. La iniciativa habilita a que cada trabajador negocie individualmente el fraccionamiento de sus vacaciones, una operación que ignora la asimetría entre empleador y empleado. El mecanismo del "banco de horas" legaliza jornadas extendidas sin pago adicional: el patrón determina cuántas horas diarias trabaja cada empleado y las compensa con descansos en otros momentos. El resultado es la pulverización de la jornada fija y la invasión del tiempo privado por las necesidades empresariales.
En materia salarial, el retroceso es igual de profundo. La reforma permite recortar el sueldo de trabajadores que, tras una enfermedad o accidente laboral, no puedan volver a sus tareas anteriores. El principio de que el salario no se toca queda en el camino. Las indemnizaciones por despido también sufren: se excluyen del cálculo el aguinaldo, las horas extras, las comisiones y los premios. La reparación tradicional se reemplaza por un Fondo de Asistencia Laboral que se nutre, en buena medida, de los recursos previsionales. La operación es triple: el despido se vuelve más barato, el sistema jubilatorio subsidia las desvinculaciones y financia un sistema de seguros destinado a operar en el mercado de valores. Al ministro-trader Luis Toto Caputo se le hace agua la boca.
El universo de la precarización
La reforma opera también por exclusión deliberada. Deja fuera de la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores de plataformas digitales —repartidores y conductores—, a quienes define como prestadores independientes. Esto significa que quedan sin salario mínimo, sin aportes, sin vacaciones y sin cobertura ante accidentes.
El monotributo se convirtió en la forma más dinámica de inserción en la estructura ocupacional: entre agosto y septiembre de 2025 creció 0,35% mensual y 6,2% interanual, mientras que los asalariados registrados cayeron 0,11% mensual y 2,4% interanual.
Como confesó Federico Sturzenegger, la clave de la reforma es su componente retroactivo: el objetivo es desproteger lo que hoy cuenta con cobertura.
La ofensiva también se abate sobre los reaseguros colectivos: se debilita la ultraactividad de los convenios, se priorizan los acuerdos por empresa frente a los sectoriales, se recortan recursos sindicales y se expande la categoría de "servicios esenciales", limitando de manera severa el derecho a huelga.
La CGT reaccionó con una movilización que, aunque más ornamental que beligerante, alcanzó para que el gobierno advirtiera que el clima social podía complicar la votación. Patricia Bullrich explicitó la jugada: "Vamos a hablar durante el mes de enero y nos parece que el 10 de febrero es una buena fecha para tratarlo."
¿Es la caída del empleo un daño colateral o un objetivo deliberado?
Campos responde: "La destrucción de puestos de trabajo asalariados formales no parece ser un problema para el gobierno... los dos son objetivos explícitos de la política oficial".
La CGT enfrenta un doble desafío: mantener la unidad interna y construir una estrategia que trascienda la negociación de despachos.
Con un Congreso más favorable tras las elecciones de 2025, Milei siente que tiene vía libre.
La oportunidad de la oposición
La postergación del debate abre una ventana de oportunidad política para la oposición. El receso diluye el efecto del “Milei chad” y expone las fragilidades del oficialismo, que apenas revalidó un tercio del electorado si se cuentan los ausentes.
La experiencia internacional muestra que las reformas laborales regresivas no generan empleo de calidad. Perú (70% de informalidad) y Brasil (apenas 5% de los empleos prometidos en 2017) son ejemplos contundentes.
La reforma argentina se acerca a modelos de alta informalidad y baja protección, lejos de los sistemas dinámicos, con negociación colectiva fuerte y jornadas reducidas de Europa.
El gobierno apuesta a que el hambre de los trabajadores sea mayor que las ganas de resistir.
La oposición tiene la posibilidad de demostrar que existe otra manera de pensar el trabajo en Argentina, una que no sacrifique derechos ni convierta la precarización en política de Estado.
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