A pocos días del paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra la reforma laboral que busca instalar el gobierno de Javier Milei, el senador nacional por Chaco Jorge Capitanich, advirtió que “estas leyes no sirven para generar empleo genuino” y que, en su lugar, el proyecto debe evitar "el debilitamiento sindical y el desguace de las condiciones laborales".
El Gobierno nacional presentó finalmente en el Congreso su proyecto de “Modernización laboral”, con el argumento de que los cambios propuestos permitirán crear más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la iniciativa llega en un contexto económico que desmiente el diagnóstico oficial: lejos de expandirse, la actividad se mantiene estancada, el empleo formal se destruye y miles de empresas enfrentan una crisis de rentabilidad que pone en riesgo su continuidad.
En este marco, Capitanich destacó varios puntos negativos sobre los que gira el polémico proyecto libertario. "En todos los países de la región y del mundo se reduce la jornada laboral, y aquí se pretende extenderla", apuntó el senador, quien también sostuvo que "la reforma debe promover empleo formal".
Si bien el argumento del oficialismo recae en la necesidad de “modernizar” la legislación vigente lo que, sostiene, tendría impacto positivo en la cantidad de puestos de trabajo, lo cierto es que en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y pese a los cambios ya implementados desde 2024 con el capítulo laboral de la “Ley Bases” ni el “blanqueo laboral” generaron más puestos de trabajo de calidad.
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Así lo demuestran los datos oficiales: en diciembre del año pasado, habían entrado por el blanqueo 16.000 trabajadores, pero en el país se habían perdido 111.000 puestos privados registrados. De hecho, desde que asumió la gestión libertaria, en el país hay 19.164 empresas registradas menos. Las unidades productivas caen en todo el país, menos en Neuquén, con un magro saldo positivo de 7 empresas. Las más damnificadas son las provincias con un alto componente industrial como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Uno de los ejes centrales del debate en el Congreso será la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que obligará a las empresas a financiar mensualmente un fondo propio para cubrir indemnizaciones. El proyecto plantea un cambio profundo en la forma en que se administran los pagos por despido, sin eliminar el régimen vigente pero modificando su funcionamiento práctico. En declaraciones para el medio Chaco Ahora, el exgobernador chaqueño sostuvo que el FAL implica una "pérdida de 2.500 millones de dólares, lo que significa que 500 mil jubilados financiarían los despidos a través de sus fondos".
Capitanich propuso una agenda laboral alternativa: "Reconversión laboral"
Frente a este escenario, Capitanich planteó la necesidad de avanzar en una agenda laboral alternativa, orientada a la formación continua, la "reconversión laboral" y el aumento de la productividad frente al impacto de los cambios tecnológicos. En ese marco, subrayó la importancia de fortalecer la capacitación y mejorar la calidad de los servicios como ejes centrales para una inserción laboral competitiva y sostenible.
Asimismo, remarcó la necesidad de establecer beneficios y regulaciones específicas para los sectores más vulnerables, como las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, el sector rural y las pequeñas y medianas empresas, contemplando las particularidades de cada actividad.
El exmandatario nacional afirmó que darán el debate en el Senado con números y precisión, y destacó que el período de crecimiento laboral entre 2003 -2008 "se debió a la implementación de políticas heterogéneas, el impulso de la industria, a la regulación laboral efectiva y a un liderazgo político".
Mientras tanto, LLA continúa delineando la estrategia para darle media sanción al proyecto en el Senado. Dentro del oficialismo circula un esbozo de poroteo con los votos que se dan por hecho, los posibles y los dudosos. Hay 37 nombres que garantizarían el pase a Diputados de la iniciativa que el presidente Milei vende como una "modernización" de la legislación del trabajo. El oficialismo cree que tiene 27 votos seguros, según el poroteo al que pudo acceder El Destape. De esas voluntades, 18 son del partido violeta y dos de los aliados Luis Juez (Frente Cívico de Córdoba) y Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso).
Al oficialismo y sus satélites les siguen los aliados naturales, los tres del PRO y tres senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), Mariana Juri, Rodolfo Suárez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco). Los dos primeros responden Alfredo Cornejo y esta última a Leandro Zdero, dos gobernadores aliados de la Casa Rosada.
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