Mientras el gobierno de Javier Milei presentó un cuestionado proyecto de reforma laboral que, entre otros aspectos, viola la Constitución Nacional, prohíbe el derecho a huelga a miles de personas, impulsa la tercerización, fomenta la competencia entre trabajadores y promueve el convenio por empresa para liquidar las mejoras que obtengan los sindicatos nacionales, el gobernador Axel Kicillof tiene en agenda dos proyectos de ley para el sector laboral diametralmente opuestos.
Se trata de dos iniciativas - una en estudio - y otra que tomó estado parlamentario en el Senado bonaerense pero que aún no se trató. Los escritos apuntan a las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales y delivery y el otro a la creación de una instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial.
Junto al ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, el primer proyecto busca mejorar de manera inmediata las condiciones laborales de la totalidad de los trabajadores mediante plataformas, en cuya elaboración trabajan, de manera transversal, varios ministerios.
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Los tres ejes del proyecto
La propuesta contempla tres ejes principales: potencia las inspecciones laborales de las denominadas “tiendas invisibles”, garantiza la salud y seguridad laboral de los empleados y empleadas; y crea una APP en la que tendrían un “botón de pánico”, “aviso rápido de seguridad o salud para accidentes en vía pública”; y accesos a descuentos especiales para la adquisición de insumos indispensables para sus tareas.
En coordinación con los municipios y empresas, también promueve la creación de paradores de acceso público y gratuito para que los trabajadores cuenten con áreas de descanso adecuadas durante la jornada laboral; accedan a instalaciones que faciliten el aseo e higiene personal, incluyendo sanitarios que garanticen el acceso a agua potable en condiciones dignas, y se les facilite el resguardo seguro de objetos personales y herramientas de trabajo.
Según detallaron del Ministerio de Trabajo, se “intensificarán las inspecciones en las ‘tiendas invisibles’”, a las que el proyecto de ley define como “establecimientos que, a puertas cerradas, realizan actividades de venta, almacenamiento, empaque y entrega de mercaderías, cuyos pedidos son objeto de transacción mediante plataformas digitales, y desde los cuales se efectúa la entrega a los repartidores”. Las tiendas deberán cumplir con la legislación laboral vigente.
Estos centros tienen dos costados laborales a abordar: por un lado, los trabajadores de puertas adentro que tienen modos de trabajo a presión, y por otro lado los “repartidores”, que están usualmente estacionados o sentados en la vía pública, esperando a que se les asignen pedidos, con escaso o nulo acceso a condiciones de trabajo dignas.
El escrito contempla también que las empresas deban contratar, a su exclusivo cargo, un “seguro de accidentes personales” que garantice cobertura integral frente a los riesgos de la actividad, incluyendo muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia. La medida establece un piso mínimo de seguridad y salud laboral, asegurando que cada trabajadora y trabajador cuente con respaldo inmediato ante situaciones de siniestralidad vial o accidentes en el desarrollo de sus tareas.
Otro aspecto de la iniciativa será la creación de una APP que estará destinada a resolver varios temas como el acceso a trabajadoras y trabajadores a un “botón de pánico”, o “aviso rápido de seguridad”, el que se accionará cuando adviertan una situación de inseguridad o sean protagonistas de ella. También contendrá un “botón de emergencia en salud” para cuando se produzca un accidente en la vía pública.
Finalmente posibilitará el acceso gratuito a asistencia y asesoramiento en sus derechos básicos y problemas usuales como contratación de seguros, gestiones vinculadas a las licencias para conducir o trámites migratorios, entre otros.
De qué se trata la instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial
Otro proyecto que tomó estado parlamentario el 24 de junio pasado en el Senado provincial pero que aún no se trató en ninguna comisión es el A 3 25/26 que crea la instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial. Según se detalla en el escrito, el objetivo es “priorizar la pronta respuesta que requiere cada trabajador o trabajadora”
Según información oficial publicada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de causas laborales iniciadas por sede entre los años 2007 a 2023 aumentaron significativamente. En año 2007 fueron 46.218; mientras que en 2023 fueron 105.235 causas. Hubo un aumento del 227% en 16 años. Incluso, durante el 2024, la tendencia de inicio de expedientes judiciales en el fuero laboral se mantuvo al alza.
El proyecto permitirá “descomprimir las tareas del Fuero Laboral de la provincia”, tal como ha sucedido al instaurarse la mediación obligatoria mediante Ley Provincial N°13.951. Ello se solventa con el dato de que en 2023, sobre el total de causas iniciadas, el 51% finalizaron por acuerdo conciliatorio. Es decir, existe una voluntad conciliatoria de las partes. En ese sentido se podría haber evitado la instancia judicial, de en promedio 4 años, mediante una conciliación prejudicial, la cual tendrá un plazo máximo de hasta 35 días.
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