Desde el gobierno de Axel Kicillof advirtieron la falta de “transparencia” en el proceso licitatorio a cargo de Luis Caputo respecto de los 1.325 kilómetros que abarcan las Rutas Nacionales 3, 205, 226, y las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri. La empresa Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) se presentó como oferente.
Según detalló en conferencia de prensa el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, “solicitamos al ministerio de Economía de la Nación la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que hagan de veedores y garanticen la transparencia”. En ese sentido, el funcionario dijo que “modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”, lo que “marca una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios”. El Destape se comunicó con el área de Vialidad Nacional, que lleva adelante el proceso licitatorio, pero no respondió ninguna de las consultas realizadas.
Actualmente, de las 10 empresas que se presentaron, solo tres no sufrieron objeciones de ningún tipo. Se trata de Panedile, Supercemento y Eleprint SA; CPC y Clear Petroleum SA; y AUBASA. Entre estas compañías debería definirse la licitación, pero todo está inmerso en un manto de incertidumbre absoluta. Las empresas que tuvieron “incumplimientos no subsanables” fueron Benito Roggio e Hijos y José J. Chediak SA; Creditch, Construcciones Electromecánicas del Oeste SA; SACDE SA; IEB Construcciones, Basaa y Cecosa SA; Vial Agro y Fontana Nicastro SA; Concret Nor, Marcalba, Pose, Coarco SA; y JCR, Rovella Carranza y Luis Losi SA.
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Un dato no menor es que la licitación es para “mejorar la situación actual” de las rutas que desde el gobierno bonaerense señalan como de “estado desastroso”. Según detallaron diferentes notas periodísticas, en dichas rutas incorporarán “más cabinas” de peajes - se duplicarán - para tener mayor recaudación.
Los sospechosos movimientos de la licitación que lleva Caputo
El llamado a licitación por los 1.325 kilómetros se lanzó el 12 de noviembre de 2025, mientras que el 13 de febrero del corriente se cumplió el plazo para la recepción de consultas. El 27 del mismo mes se llevó a cabo el primer acto de apertura de las ofertas presentadas. Dentro de las fechas mencionadas, el Gobierno Nacional emitió “cuatro circulares con modificaciones” y nuevas exigencias que “no figuraban en el pliego original”.
En ese sentido, desde el ministerio de Infraestructura bonaerense detallaron que se dio una “alteración sobreviniente de las reglas del proceso”, ya que solicitaron “nuevas exigencias técnicas y económicas a escasos días del vencimiento del plazo para ofertar”.
Ello generó que los participantes tuvieran que “reformular las presentaciones”, afectando los principios de “razonabilidad, previsibilidad e igualdad”. Además hubo un “trato desigual entre oferentes”, ya que desde la empresa AUBASA “habría acompañado desde el inicio una oferta íntegra, suficiente y documentada”, mientras que “otros oferentes habrían presentado omisiones de entidad”.
Es por ello que el gobierno provincial esgrime que hay un “riesgo concreto de direccionamiento político”, ya que “cuando una empresa provincial compite en un procedimiento nacional en un contexto de conflicto político y financiero documentado entre ambas jurisdicciones, cualquier exclusión basada en criterios opinables o forzados exige un control reforzado”.
El pedido de PBA
Dentro del contexto descripto, el gobierno provincial solicitó la intervención de los Defensores del Pueblo de la Nación (a la fecha vacante) y de la Provincia de Buenos Aires. Entienden que dicha presencia reforzaría “la transparencia del trámite”, aseguraría la “igualdad real entre oferentes”, prevendría “desviaciones de poder”, protegería a los “usuarios y ciudadanos afectados”, fortalecería “la legitimidad de la futura decisión administrativa”; y evitaría que una licitación de trascendencia federal quede “bajo sospecha de direccionamiento político”.
La empresa AUBASA es de gravitación pública provincial y está a cargo de los peajes en territorio bonaerense. El ministerio de Infraestructura realizó un comparativo de acuerdo al precio de los peajes por kilómetro. AUBASA recauda $80,11 por kilómetro; Corredores Viales - del gobierno nacional - cobra $93,80 por kilómetro; y AUSA - del gobierno porteño - triplica el monto recaudatorio por kilómetro en comparación con la empresa provincial: $248,90.
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