Mauricio Macri activó el primer punto de la plataforma del PRO para 2027: la privatización de las rutas nacionales. El estado de los caminos es una de las preocupaciones centrales del líder amarillo quien, a pocos meses del inicio de la gestión de Javier Milei, ya advertía en privado sobre el deterioro de las cintas asfálticas. Para el expresidente, el abandono de la red vial no solo complica el traslado de la producción y aumenta la siniestralidad, sino que genera un malestar social que el PRO busca capitalizar con una propuesta de campaña concreta.
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A través de sus redes sociales, Macri validó un posteo de Eduardo Plasencia, excoordinador de Vialidad Nacional durante su mandato, que fue taxativo: “Volver a privatizar las rutas es crucial para sacarnos del pozo en el que estamos”. En la publicación, el técnico macrista calificó como una “muy buena noticia” la decisión oficial de licitar 9.000 kilómetros de concesiones, pero disparó contra los tiempos de la Casa Rosada: cuestionó que el Gobierno tardó “más de dos años” en tomar la decisión.
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Plasencia, respaldado por el repost de Macri, señaló como “preocupante” que en contratos proyectados a 20 años solo se prevean 125 kilómetros de autopistas nuevas con tarifas que, según denunció, provocarán un fuerte malestar: un vehículo liviano pasará de pagar $1.020 cada 100 kilómetros a unos $4.560 a valor de hoy. Bajo esta lógica, el PRO sostiene que el diseño libertario es insuficiente para que Argentina sea la "potencia" que Milei promete y asegura que “hace falta el próximo paso”, el nuevo lema que empieza a instalar el partido amarillo.
El diagnóstico técnico que avala Macri critica el "pecado de origen" del plan oficial: el intento de cubrir rutas de bajo tránsito con el peaje de las más rentables. Según Plasencia, en Argentina solo 6.000 kilómetros son "autosustentables", Según Plasencia, como en Argentina solo 6.000 kilómetros son "autosustentables", el dinero termina no alcanzando para las obras necesarias. Además, el macrismo alertó sobre el estado de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo "diezmado" y "asfixiado" que hoy cuenta con apenas una decena de profesionales para fiscalizar las rutas.
Frente a esto, la propuesta amarilla sugiere que hubiera sido más prudente concentrar el esfuerzo en una cantidad de rutas más acotada, con contratos de 8 o 10 años y tarifas más económicas. Para el exfuncionario, el sistema actual invita a que surjan renegociaciones para incorporar obras a cambio de más peaje o fondos del Tesoro, repitiendo el esquema de las "pseudoconcesiones" de 2006 y 2011.
Desde la Fundación Pensar ya habían puesto la lupa sobre este conflicto tras la disolución de Vialidad Nacional a mediados del año pasado. En aquel entonces, en el think tank del PRO se advirtió sobre el destino de los 30.000 kilómetros que no destinados a un proceso de concesión y que hoy presentan un “mantenimiento muy pobre” por parte del Estado nacional. La crítica apunta a la falta de un plan claro más allá de la intención de Nación de que las provincias se hagan cargo de las rutas sin transferirles recursos. Como alternativa, el macrismo propone asignar una parte mayor del Impuesto a los Combustibles para financiar las rutas nacionales y "contratar" a las provincias para el mantenimiento básico antes de una eventual privatización total de los corredores.
Así como está, para el PRO, la escala y el diseño del programa libertario son "austeros" y no aportan una solución de fondo, condenando al país a encontrarse nuevamente con rutas colapsadas una vez pasado el alivio inicial de las licitaciones.
Más allá de la disputa política, el estado de las rutas es crítico. Un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional reveló que el deterioro real podría alcanzar al 70% en rutas estratégicas. Durante los dos primeros años de la administración Milei, la inversión en infraestructura registró subejecuciones superiores al 50%, llegando a niveles cercanos al 95% en obras conveniadas con los gobernadores.
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