La Justifica Federal hizo lugar a un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que se cumplan los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario por lo que el Gobierno deberá enviar los fondos que permitan actualizar y recomponer los salarios de docentes y no docentes y el monto de las becas estudiantiles. La ley de financiamiento había sido aprobada en agosto pasado pero la gestión de Javier Milei suspendió su aplicación con la sanción del decreto 759/2025 y argumentó que la ley no explicaba cómo hacerse de ese financiamiento.
Cuando el CIN presentó el amparo denunció que el decreto del presidente Javier Milei "erosiona el poder adquisitivo y lesiona derechos constitucionales a la educación y a la autonomía institucional". El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n°11 y quien hizo lugar a la medida, aseguró: "Admitir la cautelar solicitada por la actora declarando inaplicable a su respecto, lo dispuesto en el decreto 759/2025". El juez argumentó que el decreto de Milei supone una "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" y lesiona "los derechos o garantías reconocidos", según indió el portal Palabras del derecho.
Cormick acotó que "se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en tanto la lesión de los derechos o garantías reconocidos son consecuencia del acto u omisión de la autoridad pública de forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos".
Tras el anuncio de la decisión judicial, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, destacó el fallo de la justicia. "El gobierno debe cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Vamos a seguir cuidando lo que funciona", señaló a través su cuenta de X.
El Congreso tuvo que sancionar dos veces la ley de financiamiento universitario, ya que en la primera oportunidad fue vetada por Milei. En la segunda, fue sancionada con más de dos tercios por ambas Cámaras.
El Presidente promulgó la ley, a través del decreto 759/2025, pero suspendiendo el artículo 5 de la norma. Amparandose en la ley de Presupuesto, señalando que el texto que aprobó el Congreso no especificaba la fuente de financiamiento. El fallo de Cormick respondió a este argumento, citando al informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que "estima dicho impacto en un 0,23 % del PBI".
La semana pasada, el Gobierno nacional intentó derogar la ley de financiamiento universitario a través del presupuesto 2026 en Diputados. La oposición aliada no se prestó a la eliminación que había sancionado el Congreso, así como la emergencia en discapacidad.
Pese a que el cálculo de gastos y recursos del ejercicio del año que viene fue aprobado en la Cámara baja, La Libertad Avanza en el Senado tuvo que desistir de introducir modificaciones en el texto. Por lo que seguramente se quede con el presupuesto 2026, pero sin insistir con las derogaciones que no pasaron Diputados.
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