La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no activar plenamente el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) transformó, en cuestión de semanas, su pretendida política tecnocrática en el eje de una inesperada crisis política, todo bien al inicio de su mandato.
El aumento internacional del crudo -marcado por la escalada bélica en Asia Occidental y tensiones en rutas como el estrecho de Ormuz, que llevó al Brent desde cerca de US$70 hasta alrededor de US$110- encontró en la negativa a amortiguar el traspaso al mercado doméstico la chispa que encendió malestar social, despliegue de protestas y una pérdida sostenida de su apoyo popular.
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El ajuste en los surtidores fue inmediato y visible para toda la sociedad chilena. Los reportes oficiales y de la prensa consignaron incrementos de magnitud notable, del orden de $370 por litro para gasolinas y hasta $580 por litro en diésel en algunas referencias. Ésto gatilló compras de pánico, filas interminables en estaciones de servicio, y problemas puntuales de abastecimiento en varias regiones del país.
El Gobierno explicó que mantener el MEPCO implicaría un costo fiscal difícil de sostener en un escenario de “estrechez” de las cuentas públicas, pero esa explicación no logró permeabilizar la percepción ciudadana.
Según mediciones de Plaza Pública Cadem, la aprobación de Kast cayó desde niveles iniciales cercanos al 57% en la asunción (11 de marzo de 2026) hasta 47% y luego 43% en cortes sucesivos. Pulso Ciudadano y otras encuestas registraron descensos similares o más bruscos en la segunda quincena de marzo. Entre la ciudadanía, 59-60% afirmó que la subida era evitable, y 72% habría preferido una implementación gradual, lo que evidencia que la mayor parte de la opinión pública consideró que el efecto sobre el bolsillo pudo haberse mitigado.
Esa percepción de mala gestión se tradujo rápidamente en movilización. La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y federaciones universitarias convocaron marchas, cacerolazos y acciones en el Metro bajo consignas como “Contra el retroceso, marchamos”. Las protestas estudiantiles se convirtieron en el canal más visible del descontento, aunque no son los únicos sujetos en lucha.
Por su parte, la respuesta estatal ensayó un repertorio conocido en el país trasandino: despliegue policial, carros lanza agua, gas lacrimógeno y detenciones.
El episodio del combustible no puede leerse aisladamente: forma parte de un paquete de decisiones que definieron las primeras semanas del gobierno y explicitan con claridad su programa. Kast anunció un “gobierno de emergencia” y presentó el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, que propone, entre otras medidas, la eliminación del IVA en vivienda y rebajas tributarias a empresas. En paralelo impulsó un endurecimiento de la política de seguridad y migración, con despliegue militar en la frontera norte (zonas como Chacalluta y Colchane), construcción de zanjas, vallas electrificadas, centros provisionales de retención y el uso ampliado de drones con reconocimiento facial. En política exterior, el Ejecutivo mostró señales claras hacia Estados Unidos, con su firma de acuerdos sobre minerales estratégicos, pero sin abandonar la creciente relación comercial que Chile tiene con Beijing, al otro lado del pacífico.
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En derechos humanos y ambiente, la agenda también marcó redireccionaientos. El Gobierno abrió la posibilidad de indultar a militares y carabineros condenados por hechos del llamado “estallido social” de 2019, una iniciativa que encendió alertas en organismos defensores de derechos y en sectores de la opinión pública, dados los centenares de querellas documentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el reducido número de sentencias condenatorias firmes.
En materia ambiental, la administración revocó alrededor de 43 decretos del gobierno anterior relacionados con áreas protegidas, control de contaminantes y normas vinculadas a metas de carbono neutralidad, priorizando menor intervención estatal y facilitar la actividad productiva.
A esas decisiones se sumó una designación que amplificó la controversia sobre la dirección ideológica del Ejecutivo: la selección para el Ministerio de la Mujer de una figura conservadora y declaradamente antiaborto, Judith Marín. La nominación fue recibida con rechazo por organizaciones feministas y sectores universitarios y progresistas, que la interpretar como señal de un retroceso en políticas de género y derechos reproductivos.
Ninguna de las medidas con las que Kast inició su gobierno representó una sorpresa para la opinión pública. Sin embargo, la secuencia causal resulta elocuente, y un hecho externo -la suba del Brent-, una decisión política -no activar o reducir el alcance del MEPCO, por razones fiscales-, un efecto inmediato en precios de consumo cotidiano y, como consecuencia, una retracción del apoyo ciudadano con la activación de fuertes protestas ciudadanas, ponen de manifiesto que en Chile todavía estallan las contradicciones sociales que desembocaron en el ciclo de protestas de octubre de 2019.
Las encuestas reflejan que una parte sustantiva de la ciudadanía considera que el aumento era evitable o que, en todo caso, debió aplicarse de manera más gradual; esa lectura erosiona la legitimidad del diagnóstico oficial sobre la “situación crítica” del Estado y pone en duda la capacidad del Ejecutivo para gestionar los costos sociales del ajuste.
En conjunto, las primeras semanas del gobierno de Kast muestran una coherencia interna en la apuesta: mirada económica pro mercado, mano dura en seguridad y migración, y desregulación ambiental. Pero la rapidez y la concentración de medidas sensibles, desde el traspaso inmediato del precio del petróleo al consumidor hasta la designación de ministros con perfiles polémicos, han tenido costos políticos inmediatos.
El “bencinazo” fue, hasta ahora, el choque cotidiano que conectó la macro con el bolsillo y aceleró la manifestación de rechazo ciudadano, transformando un problema técnico en un asunto político de primer orden: la fuerza social que sueña con su “dignidad” se ha desembarazado de las culpas del socioliberalismo borichista y ha retornado a las calles.
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