La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar sobre el ataque estadounidense a Venezuela terminó este domingo sin consenso tras la disidencia de un bloque de diez países que integra Argentina. En el encuentro que fue virtual y pedido por Colombia quien detenta la presidencia pro témpore, el canciller venezolano Yván Gil le pidió a los 33 países que "den un paso al frente" ante la agresión de Estados Unidos.
"Los países de la CELAC deben dar un paso al frente, porque callar ante esta agresión equivale a avalarlo", pidió Gil al intervenir en la cumbre extraordinaria del organismo. "La CELAC no puede titubear. No puede dividirse entre condenas tibias y silencios cómplices", remató el jefe de la diplomacia venezolana, que también exigió por la liberación "inmediata e incondicional" de Maduro y Cilia Flores.
Más allá de que el encuentro tuvo el respaldo, además de Petro, del brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y de la mexicana Claudia Scheinbaum, no hubo un comunicado conjunto. Por un lado, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; y El Salvador, Nayib Bukele, celebraron la caída de Maduro, a quien tacharon de "narcoterrorista", en línea con el vocabulario usado por el Gobierno estadounidense de Donald Trump.
Del otro lado, en las filas de la izquierda, los líderes de Brasil; Chile, Gabriel Boric; Colombia; y México condenaron la acción. En su intervención, el canciller de Cuba Bruno Rodríguez denunció la "vil y delictiva agresión" de Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares en Caracas. "Violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la soberanía e integridad territorial del pueblo venezolano”,denunció el canciller cubano.
De qué se lo acusa a Nicolás Maduro en Estados Unidos
Pese a que ya el presidente Donald Trump dejó en claro que el objetivo de la invasión militar es hacerse del petróleo venezolano, la Justicia de Nueva York avanza en la causa contra Maduro por presunto "narcoterrorismo".
Según el indictment federal, la fiscalía afirma haber construido su acusación a partir de una combinación de evidencia directa, testimonios de co-conspiradores y hechos vinculados a operativos antidrogas internacionales. Todos estos elementos forman parte del expediente y deberán ser contrastados en un eventual proceso judicial.
Entre las pruebas mencionadas figuran grabaciones obtenidas por la DEA, en las que, según la acusación, aparecen familiares directos de Maduro —entre ellos sus sobrinos— discutiendo el uso del hangar presidencial de Maiquetía para el envío de cocaína y la financiación de actividades políticas. La fiscalía también cita comunicaciones interceptadas en las que se menciona a Nicolás Maduro Guerra (hijo del presidente venezolano) en presuntas coordinaciones de cargamentos con destino a Estados Unidos.
Si Nicolás Maduro fuera declarado culpable de los cuatro cargos federales que enfrenta, la pena potencial sería extremadamente severa. El indictment contempla delitos de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas de guerra, todos ellos con penas máximas de cadena perpetua según la legislación estadounidense.
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