El subsecretario de Educación de la provincia de Formosa, Luis Ramírez Méndez, expresó su preocupación por el proyecto de ley denominado “Libertad Educativa”, impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según el especialista en educación, la iniciativa “pone en riesgo el carácter de la educación como derecho social y bien público” y avanza hacia un modelo que concibe el aprendizaje como una mercancía.
Según explicó el especialista, la propuesta impulsada a nivel nacional busca reemplazar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 que, al igual que la Ley General de Educación provincial N.º 1613, se inscribe en el paradigma de la protección integral de la infancia y reconoce al estudiante como sujeto pleno de derechos y responsabilidades. Además, establece al Estado como garante indelegable del derecho a la educación, principios que serían sustituidos por un esquema basado en la lógica del mercado.
En relación con el proyecto, Ramírez Méndez advirtió que la iniciativa redefine el rol del Estado en materia educativa. Según explicó, quitarle al Estado su responsabilidad central abre la puerta a un esquema de financiamiento por demanda, similar al sistema de vouchers, que profundiza las desigualdades y fragmenta el sistema educativo.
En esa línea, señaló que estos mecanismos promoverían la competencia entre escuelas y afectarían especialmente a las instituciones ubicadas en contextos vulnerables, rurales o alejados de los grandes centros urbanos. “Las escuelas que más necesitan apoyo corren el riesgo de desfinanciarse y desaparecer, consolidando un sistema de doble velocidad. El mismo destino enfrentarían las escuelas técnicas y las de nivel superior”, advirtió.
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Asimismo, el Subsecretario remarcó que la iniciativa permitiría una fragmentación de los contenidos educativos, al debilitar los lineamientos comunes que hoy garantizan una formación equivalente en todo el país. “Sin un marco nacional, se pierde la unidad del sistema y se pone en riesgo la igualdad educativa entre provincias”.
Otro de los aspectos cuestionados por Ramírez Méndez fue el impacto del proyecto sobre la labor docente. Advirtió que la iniciativa podría precarizar el trabajo educativo y restringir derechos laborales bajo el argumento de declarar a la educación como servicio esencial. En ese sentido, sostuvo que “la calidad educativa no se construye debilitando a quienes enseñan”.
Finalmente, Ramírez Méndez sostuvo que la supuesta libertad de elección que plantea el proyecto resulta “ilusoria” para amplios sectores de la sociedad. Asimismo, ratificó la postura del Gobierno de Formosa en defensa de una educación pública, gratuita, inclusiva y federal, y subrayó que “no se trata de un cambio administrativo, sino de una discusión profunda sobre el modelo de país y el futuro de nuestros hijos”.
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