Desde La Rioja alertaron por la reforma educativa libertaria y su impacto en el avance hacia un modelo privatista

Tras el anuncio de la reforma educativa, desde La Rioja alertaron por los cambios que impulsa el Gobierno libertario y el impacto que puede generar en el sistema público. Además, denunciaron la avanzada sobre los derechos laborales conquistados por parte de los docentes.

En diálogo con Radio La Torre, la asesora del Ministerio de Educación, Marisa Díaz, analizó el borrador del proyecto de la reforma educativa que el Gobierno nacional enviará al Congreso bajo el nombre de Ley de Libertad Educativa. El objetivo de la misma es derogar la Ley Nacional de Educación, vigente desde el gobierno kirchnerista. 

La asesora señaló que el punto central de la reforma es el corrimiento del Estado nacional que pasa a ocupar un rol subsidiario en el que toman un rol más preponderante las familias y las provincias de manera individual. "Se transforma la noción de educación obligatoria y se reemplaza por una educación básica con contenidos mínimos y una fuerte "libertad" para que cada escuela arme su propio modelo. Un modelo completamente distinto que altera la organización, el financiamiento y las responsabilidades del sistema escolar”, exclamó.

Camino a la privatización

Para Díaz, este nuevo proyecto plantea la avanza privatista al sistema educativo, en paralelo con un desfinanciamiento y restringiendo aportes federales a áreas puntuales como alfabetización. “Si el Estado se retira, alguien ocupa ese lugar: el mercado. Se habilita un negocio educativo donde cada familia debe resolver como pueda el aprendizaje de sus hijos”, sostuvo mientras que condenó la educación en el hogar mediante plataformas que ni siguiera tendrían que estar radicadas en Argentina. 

En este sentido aparecen en escenario los vouchers educativos. Para la asistente, esto elimina la garantía universal del derecho a la educación: “Hoy cualquier niño tiene su lugar asegurado en la escuela pública, con docentes, materiales y condiciones mínimas. Con este modelo dependerá de los recursos y posibilidades de cada familia”, cuestionó. Además de la reducción de la carga horaria y la autonomía absoluta de cada escuela para definir planes de estudio: “La igualdad educativa pasará a ser una lotería. Dependerá del plantel docente, de los intereses de los padres y de la capacidad organizativa de cada escuela”.

Díaz también advirtió que el proyecto implica una precarización del sistema y atenta indirectamente contra el estatuto docente, ya que menciona nuevas formas de contratación y otorga a las familias facultades para intervenir en la designación de equipos directivos. “Nunca hubo en Argentina un nivel tan alto de injerencia familiar en las decisiones institucionales”, remarcó.

Sobre las motivaciones detrás de esta reforma, la asesora fue contundente: “Es una cuestión estrictamente ideológica. Se argumenta que hay decadencia, pero se propone un modelo que no resolverá los problemas de aprendizaje; por el contrario, agravará las desigualdades y significará un retroceso histórico”.

Finalmente, sostuvo que la educación argentina, pese a sus desafíos, tiene “un amplio recorrido en justicia social, equidad y regulación estatal que es referente en América Latina”, y que este proyecto “rompe con esa tradición y con la visión estratégica del rol de la educación en el desarrollo del país”.