Vaca Muerta: la petroleras anotan ganancias récord, pero el Estado recauda lo mismo que hace una década atrás

El boom de Vaca Muerta consolidó a las petroleras como uno de los sectores más rentables de la economía argentina. En poco más de una década, las principales empresas que operan en la formación no convencional multiplicaron sus ingresos y más que duplicaron sus ganancias en términos reales. Sin embargo, ese crecimiento no tuvo correlato en el aporte fiscal: mientras las utilidades pasaron de 4,2 billones de pesos en 2012 a 10,9 billones en 2024, la recaudación impositiva del Estado se mantuvo prácticamente estancada.

Los datos surgen de un relevamiento exhaustivo de los estados contables públicos de las 16 empresas líderes del sector hidrocarburífero entre 2012 y 2024. El análisis evidenció que, en ese período, los ingresos crecieron un 42% en términos reales y las ganancias se expandieron aún más, pero el Estado no logró capturar una mayor porción del excedente generado. El resultado fue una redistribución regresiva del valor agregado: la participación del sector privado pasó del 38% al 63%, mientras que la del sector público cayó del 45% al 21%. La porción correspondiente a los trabajadores prácticamente no se modificó.

Esta dinámica puso de manifiesto una de las principales tensiones del desarrollo de Vaca Muerta vinculada a que el despegue productivo se apoyó en un fuerte involucramiento estatal -subsidios, incentivos fiscales, precios regulados e inversiones de YPF-, pero una vez consolidada la rentabilidad del negocio, el esquema impositivo no se revisó. Así, las petroleras tributan hoy niveles similares a los de los primeros años de explotación, cuando el riesgo inversor y los precios internacionales justificaban un tratamiento fiscal más laxo. De ese modo, en un sector estratégico basado en recursos no renovables y sostenido por políticas públicas, la pregunta sobre cómo se distribuye la riqueza de los hidrocarburos vuelve a instalarse con fuerza y reabre el debate sobre la equidad fiscal y el rol del Estado en la captación de la renta.

Vaca Muerta: ganancias en alza

La puesta en producción de la formación de Vaca Muerta en la década de 2010 significó un punto de inflexión en la producción de hidrocarburos no convencionales en Argentina en la medida en que el Estado nacional reformuló su política energética, no solo a través del liderazgo de la empresa de bandera, sino también mediante un conjunto de políticas de estímulo orientadas a incrementar la inversión, especialmente en los recursos no convencionales. En ese sentido, la importancia económica de la actividad se evidencia en números concretos: en 2024 el país alcanzó la mayor producción de petróleo en 20 años: 256 millones de barriles, de los cuales el 54% se originó en Vaca Muerta. Algo similar ocurrió con la explotación del gas, que alcanzó 50 millones de metros cúbicos, lo que no se lograba desde 2006. 

Sin embargo, si bien este sector es clave para la economía nacional, es poca la información pública sobre cómo se distribuyen los beneficios de esta actividad y quiénes son sus principales beneficiarios. Y, a diferencia de otros países de América Latina -como Colombia y México-, Argentina carece de un marco legislativo actualizado que impulse una mayor transparencia en las industrias extractivas. “El Estado jugó un rol central al establecer condiciones de mercado y mitigar el riesgo inversor mediante herramientas como la participación de YPF como empresa líder y la implementación de esquemas de precios regulados e incentivos fiscales específicos” precisó un documento presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En una primera etapa, los gobiernos de distintos signos políticos promovieron la expansión del sector a través de reformas orientadas a reducir la carga impositiva con el fin de aplacar el riesgo inversor e incentivar la producción, en un contexto de bajos precios internacionales. Sin embargo, una vez superada esta etapa, el régimen fiscal no se modificó. “Si una decisión política de tal magnitud se tomó en base a una circunstancia que ya no existe, es legítimo que se reabra la discusión sobre la continuidad, modificación, o revisión. Al desaparecer la justificación original, el debate sobre la política fiscal se convierte en una necesidad que exige transparencia y rendición de cuentas para garantizar que las políticas públicas no respondan a contingencias pasadas”, alertó la investigación llevada adelante por el economista Gustavo García Zanotti.

Ante la falta de información pública, el especialista se basó en información contable (estados financieros de las empresas petroleras disponibles tanto en la Comisión Nacional de Valores como en la Inspección General de Justicia) y analizó la evolución de 16 firmas dedicadas a la refinación, el transporte y la distribución. Los resultados evidenciaron que “entre 2012 y 2024, la facturación conjunta de las principales empresas del sector creció un 42% en términos reales, y mientras YPF aumentó su facturación en un 19%, el resto de las compañías duplicó sus ingresos, lo cual se tradujo en una mayor participación del sector privado”. La expansión empresarial se condice con un fuerte crecimiento de las ganancias. En detalle, en la última década, las empresas vieron crecer sus ganancias hasta más que duplicarse: 4.2 billones de pesos en 2012 a 10.9 billones de pesos en 2024, pero en el mismo periodo, la recaudación por parte del Estado a través de impuestos se mantuvo relativamente estable.

Como resultado de este proceso se produjo un importante aumento en la participación del sector privado en el valor agregado del sector (pasó del 38% al 63%) y una disminución de la del sector público (del 45% al 21%). “El despegue productivo de Vaca Muerta fue posible debido a importantes inversiones del sector privado y al aporte de recursos fiscales por parte del Estado nacional, como por ejemplo los incentivos fiscales o las inversiones realizadas por la empresa pública”, explicó el documento de investigación. De hecho, una de las primeras transformaciones del régimen fiscal en el sector hidrocarburífero argentino estuvo vinculada a la implementación de subsidios orientados a estimular la producción. Entre estos instrumentos, los más relevantes en términos de montos asignados fueron el denominado Plan Gas, que tuvo como principales receptores a YPF y a Pan American Energy. Asimismo, según los datos aportados por los balances contables de las compañías analizadas, la magnitud de estos subsidios fue tal que, en algunos casos, superaron el monto total de recursos fiscales abonados por las empresas receptoras. En particular, Tecpetrol recibió subsidios por un valor equivalente a un 133% más que el total de recursos fiscales abonados entre 2018 y 2021 (incluidas las regalías provinciales). 

En muchos casos, estos aportes estatales representaron una proporción relevante respecto al volumen de ventas de las firmas beneficiarias. Por ejemplo, en 2015 alcanzaron el 9% y el 11% de la facturación de YPF y de Compañía de Hidrocarburos No Convencional, respectivamente; lo propio ocurrió en el año 2016 con Pan American Energy al representar el 29% de su facturación; en los casos de Tecpetrol y de Compañía General de Combustibles los subsidios alcanzaron el 42% y el 44% de sus respectivas facturaciones en el año 2020. Estos datos evidencian la centralidad que adquirió la política de subsidios en la estructura económica del sector durante los años claves del despegue de Vaca Muerta.

“Teniendo en cuenta que los recursos hidrocarburíferos son no renovables, aparece la necesidad de diseñar esquemas fiscales que permitan una distribución equitativa de la renta entre los distintos actores económicos -tanto estatales como privados- y que, al mismo tiempo, aseguren criterios de sostenibilidad intergeneracional”, resaltó el informe “La dimensión fiscal del auge de Vaca Muerta”, de ACIJ.

Un aspecto no menor tiene que ver con que, a la par, se produjo el ascenso de un nuevo jugador vinculado a los crecientes flujos de deuda corporativa. Se trata de acreedores financieros internacionales que otorgaron la liquidez necesaria para desarrollar las multimillonarias inversiones. “El segmento de upstream registra inversiones anuales cercanas a los 12 mil millones de dólares, de las cuales aproximadamente 8 mil millones se destinan a la perforación de pozos no convencionales, principalmente en la provincia de Neuquén”, indicó el informe al que accedió este medio.

Según registros del Banco Central (BCRA) el sector logró hitos históricos al emitir deuda nominada en dólares por 5.400 millones y 8.600 millones en 2024 y lo que va de 2025 (enero-octubre), cuando en años anteriores la emisión de deuda rondaba los 1.000 millones de dólares. De esta manera, “vio crecer sus pasivos financieros de una manera inédita y este escenario dio lugar a sucesivas ´olas´ de financiamiento que, si bien explican tanto la dinámica sectorial como los ciclos de inversión, a su vez, significan un desafío para la política fiscal ya que los acreedores de la deuda corporativa emergieron como un actor determinante, al apropiarse de parte del valor generado a través del cobro de intereses”, subrayó García Zanotti, doctor en Desarrollo Económico por la Universidad de Quilmes.

Vaca Muerta: recaudación fiscal en baja

La recaudación fiscal total del conjunto de empresas analizadas se mantuvo estancada a lo largo del tiempo. Esta situación, a contramano de la expansión de la actividad impulsada por Vaca Muerta, puede explicarse en gran medida por las sucesivas reformas aplicadas al régimen fiscal del sector. En especial durante contextos de precios internacionales bajos cuando se producía el despegue de la actividad, la política fiscal se orientó a reducir la carga tributaria con el objetivo de sostener la rentabilidad empresarial y atraer inversiones, sin embargo, cuando los precios internacionales se recuperaron y la rentabilidad de las empresas se incrementó, el régimen fiscal no se modificó.

De este modo, se observó “una caída sostenida en la participación del Estado desde el inicio del desarrollo de Vaca Muerta” y “se consolidó un esquema con resultados que pueden considerarse regresivos desde el punto de vista distributivo, en tanto se reduce la participación del Estado en el excedente generado en un sector clave para la estrategia energética y económica del país”, detalló el investigador del CONICET.

Entre las principales transformaciones del régimen fiscal se destacó la reforma del impuesto a las ganancias implementada en 2017 (tendió a aliviar la carga fiscal de las empresas, en particular de aquellas intensivas en capital como las del sector petrolero), las reiteradas modificaciones en las alícuotas de retenciones a la exportación de hidrocarburos y más recientemente la aprobación del denominado RIGI que le otorga un tratamiento fiscal especial a las inversiones inscriptas.

A su vez, mientras el Estado nacional experimentó una fuerte reducción, la investigación encontró importantes diferencias respecto a lo recaudado por cada nivel de gobierno ya que las provincias productoras se beneficiaron por el incremento en el ingreso de las regalías. Estas son abonadas ad valorem por el 12% del valor de producción, por lo que dependen tanto del volumen extraído como del precio de los hidrocarburos. “En términos fiscales, las provincias productoras —y en particular la provincia de Neuquén— se configuraron como las principales beneficiarias del auge hidrocarburífero, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta”, señaló el documento. Esto se debe a que, según la Constitución Nacional (Artículo 124), son las provincias las que tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, lo que les permite percibir regalías y otros ingresos por su explotación. 

La centralidad de Neuquén en este esquema resulta evidente: según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, mientras en 2012 concentraba el 17% de las regalías petroleras y el 52% de las gasíferas del país, para 2024 su peso se elevó al 54% y el 70%, respectivamente. Esta configuración institucional plantea ciertos desafíos para la política fiscal argentina. Por otro lado, dentro de la recaudación provincial se incluyen los ingresos brutos, un impuesto indirecto que, en la práctica, se trasladan a los precios finales, de modo que su carga recae principalmente sobre los consumidores. Este mecanismo implica que, en última instancia, sean los usuarios de otras provincias quienes terminen financiando parte de la recaudación de las provincias.

Ante este panorama García Zanotti, destacó que “mientras el Estado nacional ha creado mayormente las condiciones para el despegue sectorial, los recursos fiscales derivados de la expansión se concentran en los territorios de las provincias en donde se encuentran los hidrocarburos” y, en esa línea, agregó que “la capacidad de las provincias -incluso de Neuquén- para financiar procesos estratégicos como la transición energética resulta limitada, por lo que nuestro sistema produce un escenario en donde si bien la política energética se diseña y ejecuta a nivel nacional, la mayor parte de la renta pública asociada a Vaca Muerta debe quedar en el ámbito provincial”.

En definitiva, el auge de Vaca Muerta dejó en evidencia una paradoja central: mientras la producción, las exportaciones y las ganancias empresarias alcanzan niveles récord, la capacidad del Estado para apropiarse de una parte significativa de esa renta se debilita. En un contexto de restricciones fiscales, necesidades de inversión en infraestructura y transición energética, revisar cómo se capturan y se reparten los beneficios de los hidrocarburos no convencionales aparece como condición necesaria para que Vaca Muerta sea un motor productivo pero también una herramienta de desarrollo económico y equidad territorial.