El ajuste del presidente Javier Milei y la réplica del modelo por parte del gobernador Maximiliano Pullaro atentan contra el poder adquisitivo del pueblo de Santa Fe. En medio del contexto económico crítico, un informe reveló que una familia santafesina debe destinar más del 35% de sus ingresos para servicios básicos y acceder a una prepaga, sin contar alquiler, comida y otros gastos necesarios para subsistir.
El plan motosierra cayó sobre quienes tienen menos margen para resistirlo: jubilados, docentes, trabajadores, madres solteras, personas con discapacidad, jóvenes precarizados. Con tenues intentos discursivos para intentar marcar alguna diferencia, pero votando cada ley que impulsó el Presidente en el Congreso, la gestión de Pullaro adhirió a la lógica nacional del recorte sobre los sectores más vulnerables.
De esta manera, tanto la administración libertaria como la del mandatario radical impulsaron la desregulación de las tarifas para las empresas de medicina prepaga, el aumento en medicamentos y el ajuste en el PAMI y en la obra social de los trabajadores públicos provincial, IAPOS. En la ciudad de Santa Fe, para acceder a una cobertura de salud básica en una empresa de medicina prepaga, una persona adulta debe invertir entre el 12 y el 17 por ciento de sus ingresos. En el caso de una familia integrada por dos personas adultas con ingresos y dos menores a su cargo, una cobertura representa entre el 22 y el 44 por ciento (dependiendo de la empresa) de sus ingresos, según un informe presentado por la agrupación Comunidad.
“Relevamos los costos de siete empresas de medicina prepaga de la ciudad y los comparamos con los ingresos promedio de los estratos medios de la población ocupada que releva el INDEC. Una persona adulta debe pagar entre 106.000 y 144.000 pesos por mes para acceder a una cobertura básica. Una familia entre 385.000 y 752.000 pesos, cuando el ingreso promedio es de 862.000 pesos”, explicó el exdiputado provincial Leandro Busatto.
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En una publicación anterior, la agrupación Comunidad había hecho un relevamiento del impacto en los ingresos de los aumentos en las tarifas de electricidad, gas natural, agua y transporte público. En ese sentido, Busatto explicó que “un consumo promedio de esos servicios más dos boletos de colectivo por día pasaron de representar el 9% de los ingresos de una familia al 19%”.
El informe explica que un consumo de 400 kwh de electricidad (que en verano es muy superior), 57 m³ de gas y 60 m³ de agua representan un gasto de 68.948 pesos por mes. Si a eso se le suman dos colectivos por cada día hábil (69.520 pesos) y una prepaga, una persona adulta debe destinar como mínimo $244.468 por mes simplemente para pagar servicios esenciales y tener cobertura de salud. Y una familia, como mínimo, $593.442.
La crisis de Pullaro en Santa Fe: ajuste en la obra social provincial
En cuanto al ajuste en PAMI, sostiene que “el gasto de bolsillo de los jubilados en medicamentos aumentó un 382%”, mientras, a la par, el organismo comenzó a reducir la canasta de medicamentos con cobertura al 100%, excluyendo más de un millar de principios activos esenciales”. Asimismo, muestra el incremento de precios de 20 medicamentos, que en algunos casos llega a 319%.
En tanto, se refiere al recorte en IAPOS, con aumentos del bono de asistencia médica (1185%), orden de consulta (928%) y orden de internación (2508%), más la incorporación de dos nuevos bonos: el Bono Quirúrgico ($54 mil) y el Bono de Prestaciones Especiales ($180.000). A eso se suman los incrementos en el Servicio Complementario y en el Sistema Abierto, que aumentó más de 700% y cuyo costo es más del doble que el de una empresa de medicina prepaga.
“Los aumentos en medicamentos, la desregulación de las prepagas, el ajuste en IAPOS y PAMI, el desfinanciamiento de las áreas de discapacidad son la cara más brutal de este modelo. No son números: detrás de cada una de esas decisiones hay una persona que se quedó sin respuesta, sin atención, alguien que tuvo que elegir entre comer o comprar un medicamento. La responsabilidad de un gobierno es garantizar la atención y el cuidado, no abandonar a cada persona a su suerte”, enfatizó Busatto.
A fines de 2023, el bono de IAPOS costaba 70 pesos, una orden de consulta 350 pesos y una orden de internación 1.380 pesos. Actualmente, este bono cuesta 900 pesos (1.185% más), una orden de consulta 3.600 pesos (928% más) y una orden de internación 36.000 pesos (2.508% más), valores que están absolutamente por encima de la inflación medida por el propio Gobierno Provincial, que midió 219,5% de aumento en el Índice de Precios al Consumidor desde el cambio de gobierno hasta junio de este año (último dato disponible) de acuerdo al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.
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