Una inconsistencia metodológica sobrevuela a la administración Milei. No solo tiene problemas para medir la inflación, con la utilización de una canasta de consumos totalmente desactualizada; los cálculos de pobreza y la “verdadera” tasa de desocupación también están alterados. No es un error aislado. La mentira es planificada.
De acuerdo a un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), coordinado por el economista Claudio Lozano, la tasa de desocupación ampliada (que incluye a los subocupados que buscan de manera activa otro trabajo) se ubicó al cierre del año pasado en el 15,3%. La presión total sobre el mercado de trabajo llega al 24%.
Este escenario de precarización social es constitutivo de la administración Milei que por estos días enfrenta un incremento de la tensión social (por la continuidad del ajuste y la caída del salario real) sumado a los casos de corrupción que estallan en su cara.
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“La pérdida de consenso incorpora un elemento adicional. Los episodios asociados a privilegios y corrupción tienden a volverse más sensibles para la opinión pública cuando el escenario es de caída del ingreso real y mayor fragilidad material. Cuando la vida cotidiana se complica, este tipo de hechos opera como una confirmación narrativa del malestar, amplifica el costo político de la confrontación y erosiona los márgenes de tolerancia social”, puede leerse en el documento que lleva por título Del éxito del “verano legislativo” al deterioro del consenso social.
El rechazo a Milei
El diseño institucional de la administración Milei encontró el aval parlamentario (habría que indagar sobre las prendas negociadas para conseguir algunos votos) pero se tensiona en la calle. El programa de miseria planificada incluyó la reciente aprobación del Presupuesto 2026, la reforma laboral - frenada por un fallo judicial en 87 de sus artículos-, la reforma penal juvenil, pasando por la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional, así como los acuerdos comerciales con EEUU y UE-MERCOSUR y la ley de glaciares.
Este desempeño convive con un deterioro cada vez más evidente del consenso social. “La confrontación desplegada en torno a la reforma laboral tensionó el clima político, mientras el agravamiento del cuadro social comenzó a horadar parte de la legitimidad del gobierno, debilitando los argumentos que habían sostenido el programa en sus primeros meses, en particular la promesa de estabilización con recuperación gradual de ingresos”, indicó el informe del IPyPP.
La marcha del 24 de marzo, en repudio al inicio del Golpe de Estado Cívico Militar Eclesiástico de 1976, también fue una respuesta política de millones de personas de todo el país al programa de miseria de la administración Milei.
Las encuestas pueden ser antojadizas de un momento particular. A riesgo de caer en la volatilidad de lo que se sobreentiende por la opinión pública, vale una mención.
El último informe del IPyPP Data que monitorea las principales encuestas de opinión pública del país, integra resultados de doce estudios nacionales realizados durante marzo de 2026, con un tamaño muestral combinado superior a 26.000 casos, y con diversidad de modalidades de recolección (online, telefónica, presencial y mixta).
“La desaprobación de la gestión es mayoritaria en los relevamientos que la miden de forma directa. El rango va desde 49,3% (Proyección, 1–9 de marzo) hasta 61,6% (AtlasIntel/Bloomberg, 20–24 de marzo). Se identifica además una tendencia intra-mes desfavorable para el oficialismo y se estima un promedio ponderado de desaprobación del orden de 56–57 puntos”, indicó el trabajo.
Como corolario, aumentó el malestar social vinculado a los ingresos y el empleo. “El hallazgo resalta el cambio en la jerarquía de preocupaciones. Aun con diferencias de formulación entre consultoras, el informe encuentra un patrón consistente. En el primer nivel aparecen ingresos/salarios y empleo/desocupación; en el segundo nivel, corrupción e inflación/precios; y en un tercer nivel, inseguridad, pobreza y justicia con posiciones más variables”, concluyó el trabajo sobre opinión pública.
La "verdadera" desocupación
La tasa de desocupación para el último trimestre del año pasado se ubicó en el 7,5%, casi dos puntos por encima del registrado en el mismo período de 2023. Según lo explicado en el documento Del éxito del “verano legislativo” al deterioro del consenso social, el dato confirma una transición hacia un “ajuste por cantidad además del ajuste por calidad”.
“La caída del consumo le pone límites a la salida laboral que ofrecían los servicios de bajos ingresos. Por lo tanto, al cuadro de alta precariedad e informalidad existente, se incrementan los casos de pérdida directa de puestos. Esto refuerza el círculo recesivo, ya que menos empleo deprimen el consumo y retroalimentan la caída de actividad en comercio, industria y construcción”, explicó el documento coordinado por Lozano.
En la Encuesta Permanente de Hogares, y conforme a criterios metodológicos internacionales, se considera ocupada a toda persona que haya trabajado al menos una hora en la semana de referencia. Ese criterio es pertinente para captar la configuración contemporánea del empleo, donde se expanden modalidades de baja intensidad horaria y vínculos precarios. Pero, al mismo tiempo, reduce la capacidad explicativa de la tasa de desocupación como indicador de la presión real sobre el mercado laboral, porque una porción relevante de quienes figuran como ocupados busca activamente más horas o un segundo empleo.
Al tener en cuenta estas consideraciones, resulta útil identificar una zona intermedia entre ocupación y desempleo, compuesta por quienes trabajan pocas horas y requieren ampliar su inserción laboral.
“Si a la desocupación abierta (7,5%) se le suma la subocupación demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y buscan activamente otra ocupación, se obtiene una tasa de desocupación ampliada del 15,3%”, profundiza el documento. Esta sería la “verdadera” tasa de desocupación en el país, lo que representaría una suba de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2024 y casi 3 puntos en relación al mismo período de 2023.
Si se considera la presión efectiva total sobre el mercado de trabajo, incorporando también a las personas ocupadas que demandan otro empleo, el indicador asciende hasta alrededor de 24%. “Esta medida expresa con mayor precisión el desequilibrio del mercado laboral a favor de quien contrata. Ese excedente de mano de obra disponible, abierto o encubierto, fortalece la capacidad de negociación empresarial y opera como un factor que empuja a la baja los salarios y las condiciones de empleo”, concluyó el trabajo citado.
El deterioro del salario real constituye el núcleo del problema social. Aun en períodos donde el promedio macro registró un crecimiento interanual, el poder adquisitivo no dio cuenta de una recuperación consistente. La consecuencia directa es la debilidad del mercado interno y el retroceso de sectores sensibles al consumo, con impacto inmediato sobre empleo y recaudación.
El valor del índice de salario de enero 2026 resultó en una nueva caída real que ya acumula 5 meses de retroceso consecutivos. En relación a noviembre de 2023, el promedio de los salarios formales se encuentra un 8% por debajo (-18% el sector público y - 2,3% el privado). Si se considera la actualización metodológica pendiente del IPC, las caídas salariales reales se profundizan: el salario de los trabajadores registrados desciende un 13,7% (-23% el sector público y -8,4% el privado).
La pobreza oficial no cierra
Un trabajo del área de “Estudios Económicos Banco Provincia” se preguntó cómo es posible que la pobreza se ubique en los mismos valores que en el período 2016-2017 si el PBI per cápita cayó un 4,5%. “Algo no cierra”, sintetizaron desde este centro de estudios.
La pobreza afectó al 28,2% de las personas en la segunda mitad de 2025. Así, volvió al promedio 2016-2017 (28%). En el mismo período, el PBI per cápita cayó 4,5%. “¿Cómo se explica que la pobreza sea la misma que en 2016-2017 si la producción por habitante cayó más de 4%?”, se preguntaron desde el Banco Provincia y su área de Estudios Económicos. Una respuesta podría ser por la supuesta fuerte baja de la inflación (también con algo de manipulación teniendo en cuenta que ya debería haber operado el cambio metodológico dispuesto por el Indec). La otra dificultad tiene que ver con los problemas de captación de los ingresos.
“Al comparar los ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares con otros registros se ve una clara inconsistencia. Según la EPH, los salarios privados formales crecieron 17,6% entre 2023 y 2025. En cambio, según el índice de salarios del mismo INDEC cayeron 1,4%. Algo no cierra”, señalaron desde el centro de estudios el Banco Provincia.
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