Piden la detención de José Florentín, mediocampista de Central Córdoba de Santiago del Estero, en un caso que impacta de lleno en el fútbol argentino. El volante de contención paraguayo, de 29 años, fue uno de los protagonistas del caso de presunto abuso sexual colectivo a una joven cuando jugaba en Vélez Sarsfield.
Los abogados de la mujer denunciante solicitaron ante la Justicia de Tucumán la detención y la prisión preventiva del futbolista, al considerar que su accionar posterior a la denuncia habría generado nuevos daños y tensiones en el proceso. Fue acusado de entorpecer la investigación del caso, sucedido allá por el 3 de marzo del 2024 en un hotel, luego de un cotejo entre el "Ferroviario" y el "Fortín".
Un escrito que presentó la querella ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género N°1 de Tucumán solicitó el arresto de Florentín por hacer una contradenuncia, que busca entorpecer la causa que lo investiga por abuso sexual. La mencionada unidad se encuentra a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello y se apoya en una serie de hechos que, según la querella, exceden el marco habitual de una estrategia defensiva y derivaron en una situación de revictimización para la mujer.
El abogado de la víctima alegó frente a las autoridades que el volante de Central Córdoba está cometiendo "actos de intimidación y hostigamiento de manera directa e indirecta hacia los testigos y víctima", para que no realicen declaraciones que puedan perjudicarlo legalmente. En el escrito judicial, la representación legal de la denunciante sostuvo que existieron interpretaciones forzadas de testimonios, así como cuestionamientos a pruebas ya incorporadas al expediente, que habrían tenido como consecuencia un clima de presión constante sobre la víctima y los testigos. Uno de los puntos señalados refiere al uso parcial de declaraciones, cuyo sentido original —según la querella— fue alterado.
También se mencionó el debate en torno a las filmaciones del hotel donde habría ocurrido el hecho. Desde la acusación se indicó que los responsables del establecimiento ratificaron que el material fue resguardado bajo protocolos formales y entregado a la fiscalía de manera regular, descartando accesos indebidos o maniobras irregulares.
Más allá de las cuestiones técnicas, el pedido de prisión preventiva pone el acento en el impacto emocional que atravesó la denunciante durante el avance del proceso. De acuerdo con su abogada, la joven sufrió un profundo desgaste psicológico, expresó temor, angustia y la sensación de no estar debidamente protegida frente a la exposición pública y judicial de su intimidad.
En una manifestación formal, la mujer relató cómo la causa afectó su vida cotidiana, sus vínculos personales y su vocación profesional. También expresó su preocupación por el alcance que tuvieron las contra-denuncias y el modo en que, según percibe, estas incidieron en su estabilidad emocional.
Para la querella, las medidas de restricción dispuestas hasta el momento no lograron contener la situación, motivo por el cual solicitaron que se endurezcan las condiciones procesales del imputado y se ordene la prisión preventiva, con el objetivo de que la causa pueda avanzar sin interferencias hacia la instancia de juicio oral. “El desafío de la Justicia es garantizar el derecho de defensa sin que eso implique un nuevo daño para quien denunció”, señalaron desde el entorno legal de la víctima, en una causa que continúa bajo análisis y con definiciones clave por delante.
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